El 41º aniversario de la Constitución española se ha celebrado aparcando el debate sobre cualquier reforma y centrando los discursos de los principales partidos en su defensa frente a los postulados rupturistas de las fuerzas independentistas y de Vox. A las fuerzas políticas hay que exigirles una imprescindible lealtad constitucional que implica, más allá del estricto cumplimiento de la norma, asumir sus principios y valores

Pedro Sánchez apeló ayer al «espíritu de entendimiento» de la Constitución al mismo tiempo que algunos de sus posibles socios para lograr la investidura como presidente del Gobierno exhibían su rechazo al texto (PNV y ERC). Mientras el país sigue esperando la formación de un Ejecutivo, los partidos, más enfrentados que nunca, reivindican o atacan el texto de la Ley fundamental en función de sus intereses particulares. Todos hablan de diálogo y pacto, pero apenas se aprecian cauces que permitan revivir el espíritu de consenso que alumbró en 1978 la Carta Magna.

Las fuerzas parlamentarias están enfrascadas, por activo o por pasiva, en conformar un Gobierno. La polvareda que levantan estas luchas políticas impide en ocasiones tomar conciencia de las corrientes más profundas que mueven la Historia. Porque, aunque no es perfecta, la Constitución de 1978 sigue siendo nuestro activo institucional más importante y nuestro mejor legado para las próximas generaciones. Sin caer en una ciega autosatisfacción, es un hecho ampliamente reconocido que la Transición española fue un enorme éxito colectivo que hubiera sido inexplicable sin la Carta Magna. Por eso, más allá de las adaptaciones que tenga que hacer el TC y de las reformas que exija la modernización del articulado, hay que tratarla con lealtad. Y la promoción de la cultura del acuerdo es pieza clave de una verdadera lealtad constitucional. Solo así la Constitución servirá a la integración.