La negociación, aprobación y desarrollo del Estado social y democrático de Derecho bajo la forma política de Monarquía parlamentaria es uno de los mayores éxitos colectivos de la larga andadura de España como una de las naciones más antiguas de Europa. El texto constitucional que aglutina normativamente este proceso cumple hoy 41 años. Goza de buena salud, pero eso no es óbice para que se actualice según los mecanismos que ella misma establece.  

La Constitución celebra hoy su 41º aniversario en un momento de incertidumbre por las dificultades para formar un Gobierno después de haber repetido las elecciones generales. Las citas con las urnas han dejado un Parlamento fragmentado donde más de un tercio de los diputados representan opciones antisistema, independentistas y anticonstitucionalistas. Estas fuerzas plantean legítimamente cambios en la Carta Magna. Aunque, como toda legislación, la ley suprema tiene vocación de permanencia, eso no la hace inmutable. De hecho, ella misma establece los mecanismos para su reforma, pero con dificultades de procedimiento para impedir que un grupo político aproveche una transitoria mayoría parlamentaria para cambiar los fundamentos del régimen y las reglas del juego.

En realidad, la reforma de una Ley Fundamental que ha evidenciado su amplitud más que sus límites no puede ser objeto de debate puesto que ella misma la reconoce y la regula; otra cosa son las razones que justificarían emprenderla. La actual crisis del sistema político tiene que ver más con las malas praxis de los partidos, con los Estatutos de autonomía y con la degradación de los usos políticos que con la Constitución aprobada en referéndum hace 41 años. Además, la interpretación del texto a través del Tribunal Constitucional aún tiene mucho margen de recorrido para ir actualizando la Carta Magna de 1978 según sea necesario en cada momento.