El cambio climático es, por la magnitud de sus consecuencias, uno de los retos más importantes para la Humanidad no solo en el futuro, sino ya en los momentos actuales. La Cumbre anual del Clima de Naciones Unidas, que ayer comenzó en Madrid, es una oportunidad para tomar medidas efectivas con el objetivo de salvar al planeta de un recalentamiento que amenaza vidas y patrimonios. Para lograr estos avances, la presión legislativa es importante y como ciudadanos debemos darle prioridad

La sociedad mundial ha percibido desde hace varias décadas la necesidad de preserva el Planeta. Tras un primer periodo de avance concretado en la Convención de Nueva York de 1992 y el Protocolo de Kioto de 1997, el Acuerdo de París de 2015 ha sido el documento que menos tiempo ha tardado en ratificarse por la gran mayoría de los países de la comunidad internacional, apenas dos años. Esta rápida ratificación ha trasladado el mensaje de que se trata de una medida trascendental; sin embargo, jurídicamente establece pocas obligaciones reales, carece de mecanismos de coerción y no castiga a aquellos gobiernos que lo incumplan.

La Conferencia de Madrid va a medir la determinación de los países para ir más allá de las grandilocuentes declaraciones y pasar a la acción. Los hechos son que los compromisos adquiridos hasta ahora en el marco del Acuerdo de París de 2015 resultan insuficientes. El cambio climático se está acelerando, y para frenarlo habrá que redoblar los esfuerzos. Es necesaria la construcción de un entramado normativo con un marco jurídico que establezca mecanismos sancionadores que dejen de ser débiles, como ocurre con los actuales. Urge negociar un nuevo marco legal más exigente para que las directrices que se adopten sean verdaderamente efectivas para la solución de un problema que amenaza el futuro inmediato de los habitantes del planeta.