ERC logró ayer el respaldo de sus bases a la estrategia de presionar al PSOE a cambio de su abstención para que Pedro Sánchez pueda sacar adelante la votación de investidura en el Congreso. El candidato socialista debe buscar todos los apoyos que pueda, pero, aunque los militantes de su partido le dieron su aval en la consulta interna del pasado fin de semana, las urnas no le autorizaron a garantizar a Esquerra nada en contra de la Constitución y de la igualdad de todos los españoles, y menos aun lo que está fuera del marco legal como una negociación «entre iguales».

ERC ha puesto precio a su posible abstención: una mesa de negociación «entre iguales»; que se fije un calendario para que no se eternice el diálogo; que cada uno pueda acudir a las reuniones con su propuesta bajo el brazo, que en el caso de los republicanos sería abordar el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la amnistía; y que se den garantías de cumplimiento de lo que pueda acordarse. Son condiciones inasumibles porque quedan fuera del marco constitucional. Para empezar, no se puede establecer una relación jurídica de bilateralidad, como pretenden los rupturistas, porque el Gobierno de España y el ejecutivo autonómico de Cataluña no tienen, ni por asomo, el mismo rango institucional.

Los pronunciamientos y las condiciones hechas públicas por los independentistas son una clara demostración de que siguen con su estrategia de cuanto peor, mejor. A pesar de un supuesto pragmatismo, ERC busca el desafío permanente al Estado para ocultar la inviabilidad de sus objetivos y, de paso, para conquistar el espacio electoral antiguamente ocupado por Convergencia y que ahora se disputa con Junts per Catalunya. El PSOE no se debe prestar a este juego que, además, vuelve a dar alas al sector más nacionalista del PSC, que propone que se reconozca a Cataluña como nación.