La intención de la Comisión Europea de crear un fondo para las zonas afectadas por el abandono del carbón alienta la expectativa de que la Unión se implique estrechamente para conseguir una transición energética justa. Comarcas como la de Andorra necesitan, urgentemente, que se ponga en marcha una reconversión industrial que asegure el futuro tras el inminente cierre de la central.

La nueva Comisión Europea tomará posesión el próximo 1 de diciembre y su presidenta, Ursula von der Leyen, lleva como uno de los puntos destacados de su programa el establecimiento de un ‘Nuevo Acuerdo Verde’ (‘New Green Deal’) que permita que la transición hacia una economía que utilice energías limpias se realice sin traumas y compensando los perjuicios que pueda provocar la transformación. La implicación de la Unión Europea para conseguir una ‘transición justa’ es obligada, puesto que la descarbonización de la economía es también una política europea y Bruselas aspira a alcanzar en 2050 el nivel de cero emisiones de efecto invernadero. Para Andorra, la creación del fondo que se ha anunciado supone una luz, pero no hay que olvidar que la comarca todavía está pendiente de que el Gobierno cumpla su compromiso de firmar un contrato que especifique las medidas compensatorias que se van a tomar. Y, mientras tanto, el cierre de la central es inminente. 

También hay que tener en cuenta que el nuevo fondo europeo tendrá que repartirse entre cincuenta regiones y que las inversiones requerirán una aportación de los presupuestos nacionales o regionales. La participación de la Unión puede por tanto ser decisiva para asegurar el futuro de la comarca, pero las autoridades españolas y aragonesas tienen que cumplir la parte principal, procurando la llegada de todos los recursos necesarios para crear empleo y evitar ahondar en la despoblación que ya padece la provincia de Teruel.