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Opinión

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No depender de los extremistas

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  • Heraldo de Aragón
ACTUALIZADA 22/11/2019 A LAS 02:00
El preacuerdo de gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en imágenes.
Abrazo tras presentar el preacuerdo de gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Agencias

A dos días de que el PSOE celebre la consulta interna a sus militantes sobre el pacto de Gobierno, Javier Lambán rechaza que el independentismo se involucre en el futuro Ejecutivo de España. El presidente de Aragón es uno de los pocos barones del PSOE que han dado un paso adelante para decir en voz alta lo que muchos votantes socialistas piensan: que Pedro Sánchez debe encabezar  un Ejecutivo esencialmente constitucionalista para abordar los desafíos del país desde el marco legal y sin perder la centralidad.  

Los escenarios posibles para el desbloqueo de la investidura del ganador de las elecciones son fundamentalmente tres: la ‘abstención patriótica’ del PP, el voto favorable de Ciudadanos en apoyo de la coalición PSOE-UP o la abstención de ERC. Buscar el ‘permiso’ de los independentistas para formar el gobierno de España no es en absoluto una salida aceptable, porque, como señala el presidente de Aragón, no es sensato poner la gobernabilidad del país en manos de quienes quieren romperlo. El artículo 2 de la Carta Magna establece con claridad meridiana que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española» y a renglón seguido reconoce y garantiza «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». Este es el terreno de juego en el que Sánchez debe encontrar una salida. Y siempre sobre la premisa de que la fragmentación que han dejado las urnas no hace ingobernable al país, sino que exige anteponer las convicciones a las soluciones aritméticas. A este respecto, las convicciones del socialismo español desde que Felipe González renunció al marxismo, en 1979, son los valores recogidos en la Constitución. Los líderes del PSOE y de Podemos van a consultar a sus bases, pero eso no les exime de cumplir el mandato de las urnas: poner en marcha la legislatura desde la negociación sin depender de las provocaciones del independentismo.

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