Han pasado siete años desde que el chófer de un director de la Junta de Andalucía declaró ante la Justicia que su jefe y él se gastaban 25.000 euros al mes con dinero procedente de los fondos de la Junta destinados a financiar a los desempleados de los ERE.

Era un detalle obsceno que simbolizaba la aparente inmunidad que había amparado la malversación de cerca de mil millones de euros de fondos públicos. El caso, destapado por la prensa, cayó en manos de la Justicia y tras un larguísimo e interminable proceso fue juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hace un año. Durante este tiempo, y hasta ayer mismo, el mantra de los dirigentes socialistas era que los expresidentes Griñán y Chaves no se habían llevado ni un euro. Pero no se trataba de eso; no se trataba de la honradez personal de quienes fueron presidentes de Andalucía y, en el caso de Chaves, del propio PSOE. Se dirimía si Chaves y Griñán fueron los responsables últimos de ese gigantesco desfalco a los ciudadanos, y el TSJA ha sentenciado que sí. Ese PSOE perdió las elecciones en Andalucía y el actual esgrime que nada tiene que ver. Los socialistas ya no están en el poder en la comunidad. El dinero que no llegó a sus beneficiarios se ha perdido. Y, de nuevo, la Justicia, aunque lenta, ha vuelto a poner las cosas en su sitio.