Los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán han sido condenados por el fraude de los ERE. La Audiencia de Sevilla los considera responsables del sistema fraudulento de ayudas públicas que la Junta instauró durante una década (2000-2009). Esta sentencia, como las emitidas en otros casos de corrupción, prueba que el poder judicial desempeña, desde la independencia, un papel clave en la persecución de tales abusos; un control que la política no supo ejercer a su debido tiempo. De cualquier modo, la acción de los tribunales debe tener hoy un efecto depurador en el escenario de la política nacional, muy necesitado de estabilidad y de recuperar la confianza de los ciudadanos.

El de los ERE andaluces ha sido, junto con el de Gürtel, uno de los mayores escándalos de corrupción que han afectado en los últimos años al PSOE y al PP. La indignación que ha producido está justificada, pues, según la sentencia dada a conocer ayer, Griñán es condenado a seis años de prisión por malversación y prevaricación continuadas, mientras que a su antecesor, Manuel Chaves, se le impone una condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación. En torno a sus gobiernos se habría organizado una trama opaca para repartir de manera irregular hasta 680 millones de euros entre empresas afines a cuenta de los fondos para ERE. Que dos expresidentes autonómicos, una exministra y exconsejera, otros cinco exconsejeros y otros doce altos cargos hayan sido condenados es un hecho que tiene una indudable trascendencia política. Pero esta es la hora de las responsabilidades penales. La Justicia ha funcionado, una vez más. Ha dado prueba de que la separación de poderes rige en España, a pesar de los reproches de algunos cada vez que no les parece satisfactoria una sentencia, como ha ocurrido recientemente con los políticos catalanes condenados por su actitud ilegal en el ‘procés’.

La corrupción es una lacra pertinaz. Pero lo más grave es la impunidad; que se tolere o que se mire para otro lado. Por ello, combatirla requiere un programa político para elevar la eficacia de las instituciones. Además de fortalecer los instrumentos legales y los sistemas de control, hay que arbitrar mecanismos para proteger de forma suficiente a los denunciantes y redactar normas de contratación pública que penalicen a las empresas implicadas en casos de soborno. La resolución llega en plenas negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez. Surja el gobierno que surja de estas negociaciones es necesario que ponga fin a una etapa política en la que la corrupción ha estado muy presente, minando la credibilidad del sistema y la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes.