¿Jurado o esperpento?
Realmente, hemos presenciado estas dos semanas, una imagen distorsionada que se ha traducido en una muestra real de una situación injusta y dolorosa para una sociedad y para las víctimas de la misma; que se puede representar gráficamente, como una obra del maestro Velázquez, mezcla de los cuadros de ‘Los Borrachos’ y el de ‘Las Meninas’, o, ciñéndonos a nuestro compatriota el maestro Goya, como una de sus obras pertenecientes a ‘El sueño de la razón produce monstruos’. El cúmulo de anomalías, por utilizar un término benévolo, que se han dado a lo largo del denominado ‘juicio de los tirantes’ ha llevado a un desafortunado e injusto veredicto del jurado. Podrían enumerarse un sinfín de las mismas, pero nos referiremos a las más trascedentes de cara a la decisión adoptada por tal jurado.
Hay que comenzar señalando que , pese al ejemplar desarrollo del juicio del ‘procés’ -que hubiere servido de sencilla guía a seguir-, ese sagrado principio procesal de la igualdad de partes se ha quebrado desde el mismo momento que, cual telefilme judicial americano, se permitía que el abogado de la defensa del acusado interrumpiera sistemáticamente los interrogatorios de las acusaciones, cuando, en el sistema procesal continental y europeo en general, solo es el presidente del tribunal el que puede hacerlo, declarando pertinentes o no las preguntas; sin embargo, todo tipo de pábulo se concedió gratuita e irregularmente al letrado de la defensa. Pero, es más, sin embargo, tal presidencia, a la par, ingenua o no, interrumpía e impedía muchas de las preguntas efectuadas por las acusaciones, incluida la pública (Fiscal), que actúa por definición, de forma objetiva, defendiendo el interés legal y social así como las garantías procesales. Igual ocurría cuando se desarrollaba la práctica de trascendentales pruebas (incluso vetándose la publicidad de las periciales de los médicos forenses). Por lo que, tácitamente, se orientaba su resultado en un determinado sentido, luego triunfante en su final decisorio.
Incluso se llegó a permitir que, en el informe final, el letrado de la defensa ya no solo exhibiera variada documentación novedosa, fuera de todo trámite previsto en la ley, sino que llegara a exhibir un arma prohibida -puño americano- (a la luz de lo que prescribe el Reglamento de Armas) cuya mera tenencia está sancionada en el Código Penal. Y quien debía reprochar contundente y disciplinariamente tal conducta quedó mudo, pese a la publicidad de ello. Y, más grave todavía, se ha permitido que, ante el asombro de propios y extraños, en recesos de las sesiones diarias del juicio oral, o al inicio o término de las mismas, el letrado de la defensa se acercase a platicar con los miembros del jurado, en sutil conversación, aparentemente no inductora de decisión, pero sí en implícita actitud de aproximación de posturas harto parciales. Y sí, de paso, desacreditar la gran labor desarrollada por peritos forenses oficiales y por los miembros de la Policía Nacional que investigaron, con acierto y mucho trabajo, tan rechazable crimen.
Todo vale, pues. La escenografía no distaba de tal esperpéntico juicio. Hemos llegado a presenciar cómo la Fiscal quedaba relegada a un tercer puesto en estrados, cuando representa intereses sagrados recogidos en nuestra legislación constitucional, más allá de los particulares de las otras acusaciones. Y ello, sin que nadie de los que debieran rompiera el silencio para ampararla. Hemos asistido a la imagen, dañina a cualquier sensibilidad, de presenciar cómo el presunto asesino se sentaba en estrados, como un letrado más, codo con codo, en violenta y repugnante situación, para quien defendía los intereses de la apenada e indignada familia de la víctima; cuando la ley lo que dice es simplemente que se deberá facilitar la comunicación inmediata con su abogado; pero ello implica inmediación física, mas no presencia relevante en estrados.
Una imagen vale más que mil palabras, y cuando se consumó el desatino, cuando el antisistema acusado había logrado la medalla ideológica de tener en su haber un muerto de los que él atribuía como miembro de una ideología contraria, cuando se ‘castigó’ a los familiares del difunto y a la sociedad en general, muy sensibilizada ante tan execrable y violenta muerte, y ante la reacción contenida y airada de la dolorida familia del difunto, ojiplática ante lo que estaban contemplando por injusto y dañino, reaccionaron con lógicos y comprensibles muy humanos comentarios dirigidos hacia letrado y acusado; el primero salió huyendo al grito vil de «me están amenazando», y el segundo, se parapetó cobardemente detrás de las espaldas de la pareja de la Policía Nacional que le custodiaba, aquellos a quien tanto ha demostrado odiar en su vida, incluso llegando a lesionarlos gravemente (dejando parapléjico a un policía local de Barcelona), regida esta por una ideología violenta.
Me pregunto si de todo ello se sentirán orgullosos los padres de la criatura procesal, que sabedores de su nula incardinación en la trayectoria legislativa y procesal española, la introdujeron, no por convicción jurídica, sino por pura vanidad política de cara a pasar a la historia como los padres de la misma. Y de aquellos barros, estos lodos.
Ojalá todo aquel que tuviere alguna parte de la culpa de tal desatino judicial asumiera su cuota de responsabilidad, con humildad. Virtud que brilla por su ausencia desgraciadamente en nuestra sociedad. Mejor nos iría aprendiendo de los graves errores cometidos.
Rafael Soteras Escartín es fiscal decano de la Fiscalía Provincial de Zaragoza
