La ministra Celaá ha generado una inapropiada polémica al aseverar que la Constitución no avala la libre elección de colegio. Más allá de debates jurídicos de carácter técnico, es un hecho que el orden legal español garantiza la existencia de un modelo de enseñanza en el que coexisten la escuela pública y la concertada, sostenida también con fondos públicos. Son dos redes que sirven para garantizar el derecho a la educación y también la libertad de enseñanza, que sí aparecen explícitamente en la Carta Magna.  

La titular de Educación ha dicho que la libertad de los padres para elegir un centro de enseñanza para sus hijos no es «emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución». Pero precisamente ese artículo, en su primer punto, además de establecer que «todos tienen derecho a la educación», señala con claridad que «se reconoce la libertad de enseñanza». En cualquier caso, no tiene ningún sentido que en este momento genere dudas sobre la concertada, a no ser que, de forma totalmente irresponsable, quiera hacer un guiño a los socios del PSOE en el acuerdo firmado con Unidas Podemos para intentar formar Gobierno.

El sistema de educación concertada nació en 1985 con el primer Ejecutivo de Felipe González para garantizar una plaza pública a todos los alumnos cuando la escolarización pasó a ser obligatoria hasta los 16 años. La convivencia de ambos modelos, el público y el privado con financiación pública, ha funcionado razonablemente bien. De hecho, ha sido una pieza clave para mantener la calidad de la enseñanza en España, dentro de las normas previstas. Esta cohabitación ha sido respetada hasta la actualidad por todos los gobiernos nacionales y autonómicos. Es, pues, un modelo bien asentado en un amplio consenso social y que ahora no debería verse amenazado por el pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.