Elecciones y Constitución
Los resultados de las elecciones del domingo admiten, como es normal, lecturas diversas. Los análisis estrictamente políticos coinciden en lo esencial. El Parlamento se fragmenta aún más; la gobernabilidad se complica; y, sobre todo, la polarización se ha extremado. Una reflexión que difícilmente puede llamar al optimismo. Un resultado que obliga a buscar el territorio común que puede facilitar no ya posibles acuerdos concretos sino el espacio de desenvolvimiento de la convivencia. Porque hoy no puede haber otra prioridad que reconducir la polarización.
Desde hace unos años, la Constitución ha sido objeto de reservas. Las razones han sido y son diversas. En primer lugar, se sugirió la necesidad de reformarla en relación con la organización territorial. Junto a ello, por sintetizar, se alega que, en buena medida, el texto de 1978 ha quedado desfasado, que es preciso renovarlo, incluso en profundidad, para adaptarlo a la sociedad actual. Bien, con independencia de estar de acuerdo o no con lo anterior, las elecciones ofrecen una lectura singular sobre la vigencia de nuestro primer texto. Sintéticamente, lo resumiría señalando que, una vez más, se ha puesto de relieve que la sociedad española sólo tiene un espacio de encuentro político: la Constitución. Un único espacio de encuentro y un único espacio de gobierno. Un aspecto esencial del resultado del 10-N es que un número significativo de escaños representan a opciones que plantean propuestas que bien directamente no son compatibles con la Constitución bien ponen en cuestión aspectos fundamentales. Frente a las mismas es preciso reivindicar la vigencia y necesidad del texto de 1978. E inmediatamente hay que decir, del texto en su totalidad. Por poner cara a esta afirmación. En la España contemporánea hay espacio para reivindicar una corrección del Estado autonómico, reduciendo el nivel de autogobierno. Por el contrario, no lo hay para reivindicar la supresión de las autonomías. De igual manera, hay espacio para reivindicar un incremento del autogobierno. No lo hay para reivindicar la secesión o la autodeterminación. Plantear la independencia o el Estado unitario es legal. Pero no es posible hacerlo desde la convivencia, desde la voluntad de respeto a los mínimos denominadores de la diversidad que son el basamento de cualquier sociedad. Y una sociedad nunca se puede construir desde los planteamientos más radicales, sea cual sea la materia de la que se trate. Una sociedad exige el pacto, el acuerdo, es decir, la cesión. Así, hoy es absolutamente preciso reconducir al texto constitucional todas las posiciones representadas en la Carrera de San Jerónimo. Un texto que a día de hoy sigue siendo el único acuerdo político esencial suscrito por los españoles. Ello implica que algunos valores no pueden ser objeto de cuestionamiento sin disolver la comunidad cívica y nacional. Unidad, autonomía, libertad, igualdad, solidaridad, concordia son principios no ya de necesaria reivindicación desde el vigente texto constitucional. Son los valores que han hecho posible que la España de los últimos cuarenta años represente un espacio único de justicia y progreso en nuestra historia.
Una última acotación merece la acción de gobierno. Sea cual sea el Gobierno que finalmente resulte de este proceso no podrá perder de vista el carácter necesario de esos valores e instituciones. De todos ellos. Así, deberá adecuar toda su acción a los mismos y procurar y facilitar que los grupos no representados en el Gobierno sean consecuentes con ese ideario. En consecuencia, su política debe ser no sólo estrictamente respetuosa con las exigencias derivadas de los mismos sino ejemplar. Para ello, será especialmente relevante tanto el escrupuloso respeto del Estado de derecho como el cuidado del imaginario simbólico. Los valores que los españoles reconocieron como propios en 1978 siguen a día de hoy plenamente vigentes. No se imagina alternativa a los mismos. Ese es el marco en el que deberán desenvolverse las dinámicas políticas surgidas después de las elecciones y al Gobierno le corresponderá la más alta responsabilidad al respecto. Si no se hace así, no se pondrá en riesgo un proyecto político, estará en riesgo la convivencia de los españoles como comunidad política democrática.
