Casi sin argumentos
El 1 de octubre de 2017, cuando las autoridades de la autonomía catalana intentaron un referéndum ilegal, la revuelta soberanista probó por primera vez en sus carnes que una democracia puede usar la fuerza para hacer cumplir la ley. Después, tras la llamada declaración unilateral de independencia, veintiséis personas fueron procesadas por delitos muy graves. Desde entonces, habiendo quienes estaban padeciendo la medicina del Estado de derecho, la grey de la ‘revolución de las sonrisas’ se tentó la ropa, de marca, prendió lazos amarillos en ella, para mostrar lo oprimida que está, y siguió veraneando como solía.
En la actualidad, con ocasión de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, el independentismo ha concedido un protagonismo inusitado a una minoría juvenil fanatizada y violenta, dispuesta a jugarse el físico y una condena penal. A esto último nunca se han prestado la élite del movimiento, ni su sustrato social mayoritario, ni la privilegiada juventud de este, ni tan siquiera los individuos que están condenados o a la fuga, cuyos cálculos no incluían tales calvarios.
De manera que la facción del separatismo catalán que ya venía simpatizando con el independentismo violento vasco, y recibiendo su apoyo, y que ya amenazaba a quienes se le oponían con votos y opinión, al quitarse la piel de cordero, casi nos está dejando sin argumentos a quienes consideramos que la inhabilitación política y la indemnización pecuniaria, en lugar de la cárcel, tendrían que ser las penas aplicables a ciertos delitos contra el orden público y a la malversación aneja a los mismos. Casi, digo.
jusoz@unizar.es
