La exhumación de Franco
La exhumación y reinhumación de los restos mortales de Francisco Franco se han llevado a cabo por una decisión del Consejo de Ministros para cumplir lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica sobre la retirada de símbolos franquistas y evitar exaltaciones antidemocráticas. Cuarenta y cuatro años después del fallecimiento del dictador y cuarenta y uno de la aprobación de la Constitución, se cumple con un mandato del Legislativo que, aun no respondiendo a una urgencia nacional ni siendo una gran reclamación social, confirma la normalidad democrática que rige en España.
La exhumación de los restos del dictador está ajustada, además de por la Ley de Memoria Histórica, por la proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2017, sin ningún voto en contra, que insta al Gobierno a resignificar la función del Valle de los Caídos y exhumar los restos de Franco. Fue José Luis Rodríguez Zapatero, siendo presidente del Gobierno, quien impulsó la Ley, a pesar de que no había una demanda social significativa y de que el espíritu de reconciliación que se impuso en la Transición había relegado este asunto a un segundo plano. No obstante, una vez abierta la polémica sobre qué hacer con los restos de Franco, parece lógico ponerle punto final lo antes posible.
Se cierra así un debate, aunque queda por definir cómo lograr que el Valle de los Caídos, pensado para honrar la victoria de Franco, se convierta en un centro de interpretación sobre esa etapa de la historia de España, como se ha hecho en otras democracias con lugares similares. De cualquier modo, lo que está claro es que ningún partido debería utilizar este episodio como arma electoral, sino que debe ser un símbolo de la normalidad democrática que reina en España desde hace cuatro décadas. Y aún más, en una Europa que quiere liderar la lucha por la democracia liberal y el rechazo de las ideologías extremistas.
