La Guardia Urbana de Barcelona cifró ayer en 525.000 los asistentes a la manifestación pacífica en protesta por la sentencia del 1-O. Sin embargo, son las imágenes de violentas algaradas las que acaparan la atención nacional e internacional más allá de una huelga general que no cuajó. El independentismo se saltó los límites de la legalidad y ahora se salta también los de la violencia dando rienda suelta a las fuerzas más radicales que ha incubado en su seno.

En una permanente huida hacia adelante, la Generalitat lleva cinco días instrumentalizando de forma irresponsable la sentencia del Supremo para mantener artificialmente vivo el programa de la secesión unilateral. A pesar de los múltiples fracasos que han cosechado, los rupturistas siguen con su plan de grandes gestos que mantiene atrapados emocionalmente a sus votantes. Con grandes gesticulaciones en manifestaciones, cadenas humanas, diadas y esteladas, Artur Mas, Carles Puigdemont y Joaquim Torra han alimentado un ideal romántico de nación. De este modo han conseguido anular las críticas racionales a sus mandatos: corrupción, mala gestión e imposibilidad de la independencia. La voracidad gestual, de cualquier modo, no ha logrado ocultar lo obvio: que el sentimiento soberanista es amplio, como se vio ayer mismo en la manifestación, pero no suficiente para cambiar las fronteras de España y de Europa. Aún menos, al margen de la ley. Y mucho menos de forma violenta con unos actos que Torra ha impulsado con sus declaraciones profundamente insensatas.

Algo más de medio millón de personas se manifestaron ayer en Barcelona, pero Cataluña cuenta con más de siete millones de habitantes. La sociedad catalana debe decir en las urnas si quiere que el presidente de la Generalitat siga amparando la violencia, dividiendo a la ciudadanía, minando las bases de su economía y deteriorando a sus instituciones.