Y la historia se repite. Los dirigentes independentistas, agitando a sus adeptos, volvieron a actuar de forma inmoral y con deslealtad para conseguir su quimera secesionista, aprovechando, como siempre, una supuesta debilidad del Estado. La sentencia que les ha condenado por los sucesos del otoño de 2017 a penas de 13 a 9 años de cárcel por sedición ha creado controversia en la inmensa mayoría de la sociedad española. ¿Justa, injusta, benévola, temerosa, pasteleada…? Habrá podido complacer más o menos, o nada, pero el impacto emocional del fallo lo que exige es prudencia y respeto por sensatez.

Ya se sabe cómo están reaccionando los grupúsculos separatistas. Fuera cual fuera el fallo de condena, las algaradas estaban decididas de antemano. Ellos van a lo suyo: a la bronca, a sembrar el caos, al incumplimiento de las leyes y al desprecio a quienes no piensan igual. Por ello es aconsejable la prudencia y el respeto a una sentencia unánime de los magistrados del Supremo, porque es consecuencia de un juicio desarrollado con todas las garantías procesales. 

Al establecer las penas para los encausados existía una diferencia sustancial entre valorar los hechos de rebelión, como pedía la Fiscalía, o hacerlo, a propuesta de la Abogacía del Estado, como sedición, que conlleva penas más benévolas, lo que no significa no ajustadas a Derecho. En este fallo unánime de los jueces puede intuirse la voluntad de decantarse por una sentencia sólida, de consenso y con escasas posibilidades de que los recursos que se presenten prosperen ya sea en España o en los tribunales europeos. Las sentencias no se dictan para buscar el aplauso popular.

Es la hora también de ratificar la firmeza. Los alborotos pasarán, pero lo que nunca puede ocurrir es mostrar debilidad en el cumplimiento de la ley y de las penas. El ciudadano ha de tener muy claro que la legalidad democrática está por encima de todos y que su incumplimiento acarrea graves consecuencias. ¿Qué broma de país sería este si dejara impune su intento de ruptura, mediante una rebelión o una sedición? 

Ya hay mucho ruido, miedo, manipulaciones, victimismo y tretas que se les van ocurriendo a los sediciosos y a algunos de sus irresponsables líderes aún en libertad. Por eso es fundamental no dejarse enredar y tener muy claro que aquí se han juzgado unos hechos graves con gran desprecio y burla a la Constitución. No se han enjuiciado ideas, sino hechos.

Una de las bazas más importantes del nacionalismo es que, gracias a la indolencia, al exceso de confianza y al pragmatismo miope de algunos gobiernos, los separatistas han conseguido manipular la historia y adoctrinar a una parte de la población. Tal vez hemos confundido la descentralización con el descuido y abandono de la cohesión que exige la unidad constitucional de una nación. Ha hecho falta pedagogía desde el mismo momento en que se aprobó la Constitución de 1978.

Los separatistas ya ven ahora a cualquier Gobierno de España como un enemigo del pueblo catalán. Además de ser mentira, se consideran a sí mismos portavoces de todos los ciudadanos y receptores de un objetivo común. Es la eterna falacia del nacionalismo. Ya basta de hablar en nombre de todo un pueblo cuando no representan ni a la mayoría. 

Añoran los separatistas la llegada de una nueva república por considerar que si esta fuera la forma política del Estado español, en lugar de una monarquía parlamentaria, serían ya independientes. Qué ilusos. Se olvidan, por ignorancia o mala fe, de que fueron ellos, por egoísmo, los que trataron de destruir una y otra vez a una república democrática en el convulso periodo de 1931 a 1936. La debilitaron aún más durante la Guerra Civil por cortedad de miras, en unos momentos sangrientos y terribles en los que no estaba en juego una simple autonomía, lo único que les preocupaba, sino el futuro del país, en manos de dos bandos irreconciliables. La historia es la que es, no la que nos quieren contar. Y a estos independentistas les da igual una república que una monarquía parlamentaria. Lo suyo es imponer sus ideas por encima de una legalidad que no les gusta.

Un político de izquierdas y presidente de la República como Manuel Azaña nunca fue sospechoso de no querer a Cataluña, como ahora defiende el nacionalismo analfabeto. Su discurso de tres horas en mayo de 1932, defendiendo el Estatuto catalán dentro de una España diversa, pero única, es buena prueba de ello. Pero hacia el final de la guerra acabó harto, decepcionado, indignado y deprimido por el comportamiento insolidario, inmoral y de deslealtad institucional de los dirigentes secesionistas. Se repite la historia.

No se pide a nadie que renuncie a sus ideas políticas, sino que se respeten las leyes y se trabaje por el progreso y la convivencia de todos los ciudadanos, sin excepción. De todos depende enderezar la actual situación, sin duda, pero sobre todo de los independentistas. Ellos sabrán lo que quieren hacer a partir de ahora. O lealtad institucional y colaboración o viaje a ninguna parte.