Adjunto a la Dirección de HERALDO DE ARAGÓN

Dura o blanda, lo importante es que haya sentencia

La sede del Tribunal Supremo.
La sede del Tribunal Supremo.
Juan Carlos Hidalgo / Efe

Las penas que la sentencia del caso 1-O impone a los procesados son elevadas, para unos, y suaves, para otros. Es una cuestión opinable, como tantas otras. Todos somos libres para valorar una decisión judicial o una jugada polémica en un partido de fútbol. Pero lo que es incuestionable es que los líderes independentistas que violaron la ley han sido condenados, en un juicio con todas las garantías, por los hechos ilegales que protagonizaron. Parafraseando a John F. Kennedy, cabe decir: los secesionistas son libres de estar en desacuerdo con la ley, pero no para desobedecerla.

La suerte que tenemos los españoles, como los ciudadanos de las democracias más avanzadas del mundo, es que disfrutamos de un ‘Estado social y democrático de Derecho’. Así figura explícitamente en la Constitución de 1978 en su artículo primero. El Estado de Derecho significa que el poder y los ciudadanos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, de manera que, según la frase clásica, ‘gobiernan las leyes y no los hombres’. 

Los políticos catalanes responsables del ‘procés’ que no huyeron han sido condenados por haberse comportado como gobernantes despóticos cuando intentaron acabar con los derechos civiles, las libertades ciudadanas, las instituciones representativas y hasta los espacios públicos de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña, que no comulgan con el credo independentista.

La sentencia, sea dura o blanda, demuestra que la ley es el muro frente a la tiranía y la arbitrariedad del poder político.

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