La central de Andorra (Teruel) no podrá seguir operando a partir del próximo 1 de enero. El cese de la actividad, que hasta ahora estaba previsto para el 30 de junio, se adelanta medio año porque Endesa no ha acometido las inversiones exigidas en la Directiva de Emisiones Industriales. Además, el Gobierno ha dado luz verde, a expensas de algún detalle menor, al desmantelamiento de la térmica a partir de julio de 2020. Despacha así el trámite administrativo más significativo sin suscribir todavía el convenio de transición justa que la ministra Ribera se comprometió a firmar.

La empresa eléctrica, en manos del grupo italiano Enel, ve casi despejado totalmente el camino para llevar a cabo su plan de cerrar y desmantelar la térmica de forma casi inminente. Por una parte, no ha invertido lo imprescindible para prolongar la vida útil seis meses más. Por otra, el Ministerio ha aprobado la tramitación ambiental presentada por Endesa al no preverse «efectos adversos significativos sobre el medio ambiente». El Ejecutivo central no entra a valorar los aspectos económicos y sociales derivados del cierre de la central, como reivindicaba la DGA, ya que el informe publicado ayer en el BOE se pronuncia únicamente «desde el punto de vista ambiental». No obstante, sorprende la celeridad del Gobierno de Pedro Sánchez en autorizar la demolición sin contar todavía con el convenio de transición justa, al que se comprometió. El adelanto electoral dejó en el aire el futuro de ese convenio; pero, en todo caso, se trata de una necesidad ineludible y de un compromiso del Gobierno de España que no cabe ir aplazando mientras se avanza con tanta precipitación en los trámites de cierre y de demolición. El final de la térmica tendrá unas consecuencias sociales y económicas que, si no se toman medidas compensatorias suficientes, serán catastróficas para toda la comarca andorrana.