Es deplorable la desvergüenza intelectual de ciertos profesores que pueblan la política española, con daño de la confianza pública y de tantos de sus colegas que guardan el decoro.

La doctora Naomi Wolf, formada en Yale y Oxford, polémica y combativa, ha publicado en Londres un libro sonado (‘Outrages: Sex, Censorship and the Criminalization of Love’), derivado de su tesis sobre la persecución histórica de las conductas sexuales. La defendió en 2015, en el Trinity College de Oxford. Ella y su editor (Houghton Mifflin Harcourt) han detenido la venta en EE. UU. al percatarse de un error: Wolf dio por ejecutadas en el siglo XIX dos penas de muerte contra homosexuales condenados a morir. En sendos documentos ingleses leyó con claridad ‘Death recorded’, muerte registrada. Pero ignoró que, entre 1823 y 1861, ‘registrar’ la sentencia sin proclamarla equivalía a no cumplirla. Las leyes prescribían tantas penas de muerte que abundaban los indultos por la Corona y los jueces recurrían a esta argucia para mostrar que se condenaba según la ley, pero eludiendo su anuncio público, requisito imprescindible para la ejecución. Wolf no lo sabía y ese detalle ha bastado para que se haya ordenado paralizar la venta americana de la obra hasta que se subsane el yerro doctoral.

«Debo cambiarlo de inmediato», dijo, aunque solo eran dos menciones en sendas páginas (de un total de 400). Dice The Guardian el 21 de junio: «Leí e interpreté ‘muerte registrada’, sin captar su significado real. Me siento humildemente responsable ante aquellos homosexuales».

El valor de la anécdota está en la seriedad con que han de encararse estas cosas cuando afectan a una persona con proyección pública. Wolf la tiene doble, por su notoriedad y por su previa cercanía al círculo presidencial de Bill Clinton.

A calderadas

En nuestro país, por tantas razones admirable, hay muchos investigadores excelentes. Y, también, gente de mérito que, en un momento dado, ha perdido el decoro académico por la causa que fuere. Otros, en fin, son una vergüenza pública, casos infamantes para la profesión académica; viven oscuramente su miseria moral mientras habitan en sus covachas de los campus, pero resultan insoportables cuando salen a la luz en puestos políticos o académicos de relevancia. Entonces, su desidia intelectual y, todavía más, el fraude cometido, deben ser denunciados y difundidos, precisamente porque se trata de ‘academics’, de profesores e investigadores cuya esencia ética y fin profesional es la búsqueda veraz del conocimiento y su transmisión.

La tesis ha de ser una aportación de nuevo saber inédito, lograda mediante la correcta aplicación del método científico. En España no es obligatorio ser doctor, salvo en contadísimas profesiones: los dos cuerpos universitarios (catedráticos y titulares) y sus homólogos del CSIC. Ninguna otra profesión exige el birrete. Por ello, si el fraude lo comete un profesor universitario de carrera es doblemente grave, porque el doctorado no es en su caso un adorno, sino la condición en que, profesional y legalmente, se fundan su labor y su dignidad académica. Los fraudes profesorales en esta materia son muy graves. Si es perverso el autoplagio, puesto que en la tesis debe exigirse texto inédito, el robo de ideas y palabras ajenas es gravísimo, imperdonable. No es imaginable algo peor.

Esto ha sido evidente en Fernando Suárez, exrector; en Manuel Cruz, presidente del Senado; y en Pedro Sánchez, jefe de Gobierno y, antes, profesor universitario, doctorado en esa especie de cocedero rápido de birretes que es la Universidad Camilo J. Cela, donde también plagió la suya, con sumo descaro, C. Canoyra, profesora en el mismo departamento que Sánchez y ahora al servicio del PP. Los rectores y el Ministerio deberían recompensar a Javier Chicote, detector de estafas, doctor y periodista de ABC, a quien la plagiaria ha dicho que en su tesis «hay alguna frase copiada, como en todas».

Estas tropelías no son sancionadas por las universidades.

Hay políticos con doctorados dignos, publicados o no tras adaptación (E. del Río, F. J. Lambán). Otros se guardan muy mucho de editar sus tesis (O. Junqueras, P. Iglesias) e incluso los hay que vedan significativamente el mero acceso al original (J. C. Monedero).

A propósito de estas cosas, Pablo Echenique ha dicho con sorna que su tesis, dirigida por J. L. Alonso Buj, parece no haber sido leída por nadie. El sofisma es obvio, pues pone en parangón con la suya, mixta de física y bioquímica, otras tesis de ciencias sociales, más accesibles al lector. La tesis de Echenique es válida, según los peritos, pero no debería ser tan retador, porque otros textos suyos han recibido buenas tundas. Luboš Motl –un ‘broncas’ checo de la física cuántica, pasado por Harvard– se despachó (con grosería, por cierto) contra un trabajo del podemita; y F. R. Villatoro, que salió en su defensa, hubo de señalar que un artículo de Echenique sobre ontología en física cuántica ignoraba «gran parte de lo escrito en los últimos 60 años» y que le faltaba «mucho para aportar algo realmente nuevo». El Dr. Echenique dista, pues, de ser impecable para ciertos críticos.

Naomi Wolf, aquel día, concluyó ante la prensa: «No me siento humillada, sino que agradezco la corrección». Un caso raro.