Cuatro elecciones en cuatro años, récord nacional de un gobierno en funciones en democracia, unos presupuestos congelados y las autonomías sin capacidad para rodar por sí mismas. El roto de las nuevas elecciones, que en Aragón tiene un coste de más de 2 millones de euros, debería obligar a un primer pacto de todos los partidos a partir del 11 de noviembre: que la primera iniciativa en las Cortes sea la de iniciar la modificación legislativa necesaria para que España no vuelva a avergonzarse de sus representantes. O dicho de otro modo, cerrar la puerta a la repetición electoral por sistema. Si, por el contrario, la campaña deriva otra vez en un reparto vulgar de agravios y en una escasa oferta propositiva, habrá que encomendarse a la responsabilidad y a la paciencia franciscana de los españoles para evitar que el ridículo político termine en un esperpento en las urnas el 10-N. La gravedad del fracaso de los partidos, cuya máxima responsabilidad se eleva hasta sus líderes, les obliga a estos a entender que acaso se encuentran ante la última oportunidad de resultar creíbles ante su propio electorado. Si no lo consiguen, deberán comprender que su destino estará escrito con la misma certeza que el mecanismo infalible que aplican los equipos de fútbol cuando están perdiendo por goleada: sale el banquillo.