Absoluta irresponsabilidad

Lo vivido esta semana en el Parlament de Cataluña confirma la total y absoluta falta de responsabilidad institucional con la que se conducen el independentismo y los miembros de la Generalitat. Situarse en el terreno de la desobediencia civil, arropando incluso a los siete miembros de los CDR acusados de terrorismo, no hace sino mantener a Cataluña en un modelo de desgobierno que introduce a la Comunidad en la parálisis y el enfrentamiento. Ante este abierto desafío hacia el orden constitucional el Gobierno debe mantenerse alerta y defender la legalidad

Instalada en un peligroso y absurdo disparate, la mayoría independentista del Parlament está empeñada en demostrar que la sinrazón carece de límites. Las resoluciones aprobadas el pasado jueves reflejan hasta dónde puede alcanzar el desafío independentista cuando se solicita, por ejemplo, la retirada de la Guardia Civil o el debate sobre una posible salida de Cataluña de la Unión Europea. El Gobierno, que dejó claro el viernes que no dudará en aplicar el artículo 155 de la Constitución si es necesario, aunque dejó claro que aún «no concurren las circunstancias», debe mostrar la firmeza que exige la evidencia de un parlamento regional instando a la desobediencia civil. No cabe duda de que las próximas elecciones generales del 10-N y la inminente sentencia del ‘procés’, así como el aniversario de los hechos ocurridos el 1-O, se encuentran en el epicentro de esta nueva escalada de tensión pero, precisamente por concurrir esta triple circunstancia, se habría de exigir una templanza y una prudencia que hoy se hacen indispensables. Las decisiones del Parlament y de la Generalitat desacreditan a una Comunidad a la que institucionalmente cuesta reconocer.