La reforma pendiente del ICA
El cobro en Zaragoza del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) sigue siendo causa de polémica. El cuatripartito Gobierno de Aragón tiene un pacto para reformarlo, pero mientras tanto ya ha anunciado que va a girar el recibo de 2018. Es lógico que la DGA cumpla la ley, como argumenta el presidente Lambán, pero también es razonable consensuar ya una solución para tan controvertido tributo y aplicarla cuanto antes.
Ante la presión de miles de ciudadanos y de varias organizaciones sociales, el anterior Ejecutivo (formado por PSOE y CHA) ya cedió el año pasado en sus planteamientos iniciales y se comprometió a reformar el ICA. Javier Lambán se vio obligado a flexibilizar su postura ante la rebelión vivida en la capital aragonesa, en la que más de 100.000 zaragozanos se negaron a pagar un tributo que se gira en el resto de la Comunidad desde hace años. Son muchas las personas que consideran que el ICA en Zaragoza no está justificado, debido a que los vecinos ya sufragaron la construcción de las depuradoras y abonan el coste del saneamiento en el recibo del agua. Tras las elecciones de mayo, el acuerdo de gobernabilidad firmado por PSOE, PAR, Podemos y CHA incluyó en uno de los 132 puntos la reforma del impuesto. Pero esta sigue sin llegar.
El Gobierno insiste en que la mejora del ICA está entre sus prioridades, pero muestra mayor diligencia en cobrar los recibos de 2018 que en negociar el nuevo gravamen. Debe ponerse manos a la obra cuanto antes para evitar, como especifica el acuerdo de gobernabilidad, «una fiscalidad desigual» en relación al resto de las comunidades y para hacer del ICA un impuesto más racional. El objetivo debe ser, además de incentivar el ahorro y las buenas prácticas, encontrar el mejor modelo impositivo para cumplir con la obligación de depurar las aguas, que la UE adjudica a los usuarios.
