Suspensión del Parlamento

Finalmente, Boris Johnson ha presentado a la Reina la petición de suspender la actividad del Parlamento entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre. La Reina ha accedido y Westminster permanecerá cerrado mientras se dilucida un debate esencial para el futuro de Gran Bretaña y de Europa. El primer ministro ha restado importancia a su decisión y la ha insertado en la normalidad constitucional. Si es así, ¿por qué la noticia ha asaltado los titulares de toda la prensa europea? ¿Por qué el presidente del Parlamento ha calificado la iniciativa de Johnson como escándalo constitucional? ¿Por qué, incluso, hay quien dice que la decisión es una amenaza para la democracia? Estas y otras muchas preguntas se cruzan en el espacio europeo. Las respuestas son diversas y no siempre sencillas. Pero sí resulta posible exponer algunas de las cuestiones que suscita la suspensión del Parlamento británico y que explican, siquiera parcialmente, las reacciones comentadas. 

Me limitaré a exponer las tres cuestiones que considero más relevantes. Son cuestiones que se suscitan con independencia absoluta de la corrección constitucional de la medida. En este punto, resulta oportuno recordar algo que tradicionalmente se olvida. La constitucionalidad o legalidad de una acción, o de una disposición, no avala ni su bondad ni, mucho menos, su oportunidad. Una acción puede ser incluso gravemente perjudicial para la democracia, para un sistema institucional, y ser perfectamente constitucional. Conviene recordarlo cuando en demasiadas ocasiones se utiliza la legalidad como detergente que todo lo limpia. 

Decía tres cuestiones. La primera de ellas es el debilitamiento objetivo de la democracia que implica alargar la normal inactividad del Parlamento. Más, en una situación como la que se analiza, la lógica democrática impondría que se evitase cualquier periodo de inactividad parlamentaria. Sin Parlamento, dos elementos esenciales de la democracia se debilitan sustantivamente. Por un lado el control; por el otro, la deliberación. La democracia constitucional se define por el control del poder. Un control que es la primera función de un Parlamento y que, lógicamente, en época de crisis debe reforzarse. Johnson ha encontrado la forma de evadir, siquiera sea temporalmente, ese control. Por otro, la democracia es, asimismo, deliberación. La decisión pertenece a la mayoría, pero su adopción exige determinadas condiciones. Sin ellas, la decisión pierde cuotas de legitimidad. Parece evidente que frente a una decisión como la que supone la salida de la UE y las condiciones de la misma, todo debate es preciso. Un debate en el que todas las ideologías, todas las sensibilidades estén presentes. Un debate que en esas condiciones, sólo puede garantizar el Parlamento. 

Como segunda cuestión, habría que mencionar la frivolidad de la acción política que se proyecta sobre la erosión de las instituciones. De instituciones singulares, el Parlamento, la Corona, y del sistema institucional en su conjunto. Estamos demasiado acostumbrados a verlo. En la persecución de sus objetivos, los actores políticos no se detienen. Fuerzan y juegan con las instituciones, distorsionan sus dinámicas, cuando no las quiebran groseramente. No hay sistema que resista la repetición constante de estas jugadas, de estas trampas. La fortaleza del sistema se erosiona paulatinamente, hasta que un día cede. Se produce el derrumbe y entonces alguien pregunta «cuándo se jodió el Perú» (Vargas Llosa ‘dixit’). La historia es demasiado rica en ejemplos como para que nadie se considere advertido. 

Finalmente, hay que aludir a la más dramática de las cuestiones. El argumento último que sostiene la acción de Johnson es que él defiende la voluntad del pueblo frente a las maniobras de los políticos. Él es la voz del pueblo que se expresó en referéndum y debe evitar que el politiqueo frustre la voluntad popular. Una dialéctica tan brutal y tramposa como peligrosa. Es fácil caer atrapado en su capacidad de seducción. El pueblo contra la política. Pero nadie debería olvidar que detrás de ese discurso se puede encontrar la destrucción misma de la democracia. La Historia, de nuevo, demuestra que una de las vías más seguras para acabar con la democracia es, paradójicamente, erigirse en representante absoluto de la voluntad popular. Desde luego, no pienso que Johnson pretenda acabar con la democracia en Gran Bretaña. Pero sí creo que hay que advertir que su comportamiento, desde la misma campaña del referéndum, pueden llevar a resultados hasta por él indeseados. 

Y, desde luego, habría que escribir sobre el origen de todo el conflicto, el sometimiento a referéndum de una cuestión no susceptible de ser resuelta por referéndum. Pero esa es otra cuestión. 

José Tudela es profesor de #Derecho constitucional (Unizar)