Los fondos para las autonomías
El Gobierno de la nación debe encontrar con rapidez una fórmula legal que le permita abonar a las comunidades el dinero del sistema de financiación autonómica que están pendientes de recibir y que es necesario para el funcionamiento de sus respectivas administraciones. No tendría ningún sentido que el bloqueo en la formación de gobierno, que puede ir para largo, derivase en una parálisis de la estructura territorial del Estado. Hay que evitarlo.
El Gobierno argumenta que al encontrarse en funciones no podría, por impedimento legal, transferir los fondos que adeuda a las autonomías, más de 7.000 millones de euros. Pero esa excusa pierde su fuerza al haberse apoyado la ministra de Hacienda en una mentira, un supuesto informe de la Abogacía del Estado que en realidad no existía y que luego fue fabricado ‘ad hoc’. Inevitablemente, la negativa del Ejecutivo ha desatado una batalla política, al exigir las comunidades autónomas no gobernadas por los socialistas que se abone la deuda cuanto antes, sin tener que esperar a la formación de Gobierno. El fundamento de esta reclamación y de las críticas del PP al Ejecutivo central es claro: las comunidades necesitan esos fondos para cubrir sus gastos y en caso de no recibirlos a tiempo se resentiría la prestación de servicios básicos para el ciudadano.
En Aragón, que está a la espera de recibir 400 millones de euros, el presidente Lambán no quiso sumarse ayer a la batería de reproches contra el Gobierno central, pero tuvo que reconocer que "se necesita urgentemente que se desbloquee la situación".
No es razonable ni políticamente asumible que la resolución de este problema tenga que esperar a la formación del nuevo Gobierno, sobre todo cuando es muy posible que se repitan las elecciones. De manera que el buen funcionamiento de las Administraciones y el sentido común obligan a encontrar una fórmula que permita que las autonomías reciban cuanto antes los fondos que necesitan.
