Hoy se cumplen dos años de los atentados yihadistas que costaron la vida a dieciséis personas en Barcelona y Cambrils. Y es triste que al dolor del recuerdo se una la insidia, difundida por sectores separatistas, de una disparatada teoría que implicaría en los hechos a organismos del Estado. Lo cierto es que aquel día toda España sufrió un cruel ataque terrorista y que la unidad y la mejora de la eficacia policial son las herramientas de defensa de una sociedad democrática.

Un grupo de islamistas radicalizados en torno a un líder y con el alimento ideológico del yihadismo internacional perpetró el 17 de agosto de 2017 los atentados de Barcelona y Cambrils. Sus planes iniciales, que hubieran sido mucho más mortíferos, se vieron truncados de manera casual, pero su reacción precipitada tuvo aun así el trágico resultado de provocar la muerte de dieciséis personas y heridas a otras 140. Las Fuerzas de Seguridad, que en otras ocasiones han desarticulado operaciones terroristas del mismo cariz antes de que se llevasen a cabo, no consiguió en esta ocasión, a pesar de la vigilancia, identificar la inminente peligrosidad de un personaje taimado como el imán Abdelbaki Es Satty. Ese fallo obliga sin duda a los responsables de seguridad en todos los niveles a reflexionar y a trabajar intensamente para mejorar la coordinación y la eficacia de sus actuaciones. Pero las insinuaciones torticeras que se han difundido en las últimas semanas sobre la implicación del CNI en los atentados resultan absurdas. Y únicamente responden al intento de sectores independentistas de Cataluña de profundizar la brecha con el Estado para favorecer sus propios objetivos políticos. Cuando se cumplen dos años de la tragedia, hay que seguir recordando a las víctimas y acompañando a sus familiares. Y lo que toca es renovar la unidad de los ciudadanos y de las fuerzas políticas en torno a la decisión de mantener y defender, frente al terror, el estilo de vida y los valores de una sociedad libre y democrática.