En 1991 -por cierto, también era verano- el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes Josep Borrell ya lanzó al aire la posibilidad de cobrar un peaje en las autovías, que eran y de momento siguen siendo gratuitas. No tuvo en aquel momento el Gobierno de Felipe González redaños suficientes para llevar adelante la propuesta. Pero ahora vuelve a la carga José Luis Ábalos con una idea parecida. Y hay que tomárselo en serio porque esta vez puede ser algo más que un globo sonda. Conviene tener en cuenta dos claves, una económica y otra política, para evaluar el calibre de la sierpe veraniega que el Ministerio de Fomento ha dejado escapar. La primera, que en los próximos dos o tres años caducan las concesiones de unos 1.500 kilómetros de autopistas de peaje. El Gobierno, muy razonablemente, quiere que pasen a ser públicas, pero eso implica que la Administración habrá de hacerse cargo del mantenimiento, que puede ser muy oneroso. Y si se sigue cobrando en las autopistas aunque ya sean de todos, tiene su lógica cobrar también en las demás vías de alta capacidad. En segundo lugar, la queja de que en Cataluña se construyeron autopistas ‘de pago’ mientras que en el resto de España se hacían autovías ‘gratuitas’ ha sido una de las expresiones más tempranas y persistentes de ese sentimiento de agravio, real o supuesto, que luego cuajó en el lema ‘España nos roba’, como fulminante del independentismo catalán. Así que cuando el ministro Ábalos afirma, como hizo ayer, "que no puede haber territorios que paguen y otros que no" está sin duda enviando un recado al nacionalismo catalán. Una carantoña para ese sentido victimista que, con razón o sin ella, está arraigado en el corazón de la gran mayoría de los catalanes motorizados.