Durante la fallida sesión de investidura de Pedro Sánchez, la única formación que se ocupó por extenso de la financiación autonómica fue la coalición nacionalista valenciana Compromís. Su diputado, Joan Baldoví, abogó, como es natural, por los intereses de su región, haciendo referencia a deudas ‘históricas’ y a la, desde su punto de vista, escasa dotación per cápita que recibe la Comunidad Valenciana. Sánchez necesita el voto de Compromís, de modo que es significativo que el día 5 el presidente en funciones se reuniese con Baldoví. Y que, después, el número tres del PSOE, José Luis Ábalos, que es valenciano, afirmase enfáticamente que la revisión de la financiación autonómica será una de las prioridades que abordará con urgencia el próximo gobierno. Estos detalles no deberían pasar desapercibidos en Aragón, pues también aquí necesitamos con premura una reforma del sistema de financiación autonómica, que ya hace años que se quedó desfasado. Pero muy probablemente los criterios que nuestra Comunidad debe introducir en ese nuevo sistema -despoblación, dispersión territorial, envejecimiento- serán diferentes, y hasta contradictorios, de los que defienden Compromís y el gobierno valenciano. Conseguir un sistema de financiación que satisfaga las necesidades y aspiraciones de todas las autonomías no va a ser sencillo. Entre otras cosas, porque lo que no sobra es dinero. Pero a nadie se le escapa que hay comunidades que, a la hora de negociar y de presionar, parten desde posiciones de ventaja por razones políticas no siempre defendibles. Deben los partidos aragoneses y especialmente el gobierno autonómico estar atentos a esta realidad. Y preparar los argumentos y las alianzas que hará falta esgrimir cuando esta cuestión llegue por fin a su fase resolutoria.