Bases programáticas
El espacio de encuentro entre los partidos con los que Javier Lambán va a configurar su gobierno de coalición viene en principio delimitado, además, claro está, de por el reparto de carteras y sillones, por el documento ‘Bases programáticas para el desarrollo de la X Legislatura’, en cuyo contenido se han puesto de acuerdo el PSOE, Podemos, el PAR y la CHA. Se trata de un texto bastante extenso y, en general, muy poco concreto, que más que establecer 132 medidas específicas, marca una larga serie de líneas de actuación, con muy pocas verdaderas novedades. En conjunto, da la impresión de que propone que el futuro gobierno continúe trabajando en los asuntos de los que se ocupa la Administración autonómica -faltaba más- y de que procure mejorar en todos ellos. Pero sin anticipar contenidos ni decisiones con una exactitud que, seguramente, hubiera dificultado poner de acuerdo a fuerzas políticas tan diversas. Una cierta nebulosa de buenas intenciones permite que todos se identifiquen con planteamientos que tienen mucho de sentido común, pero deja para más adelante la toma de verdaderas decisiones y, por tanto, la posibilidad de que surjan los desacuerdos.
Así ocurre, por ejemplo, con el primer punto, "defender con firmeza los intereses de Aragón ante el Gobierno central en todos los ámbitos de la actividad política, económica, social y cultural", que es de cajón y debe ser obligatorio para cualquier gobierno autonómico, pero que, obviamente, puede hacerse con muy diversos grados de compromiso, con tomas de posición concretas muy diferentes y aceptando riesgos políticos más o menos marcados. Y no será lo mismo optar por una línea que por otra, ni tendrán, a la hora de la verdad, los diferentes grupos de la coalición el mismo coraje o el mismo interés para aceptar las tensiones con el gobierno central que comportará atenerse al enunciado propuesto en el documento. O con el punto número 19, ya en el apartado de los derechos sociales, que compromete a "impulsar el establecimiento de un Plan de Infraestructuras sociales en todo el territorio para atender a todas las personas con dificultades, vulnerabilidad, dependencia, discapacidad, etc.", lo que también suena muy bien, pero cuyo alcance real no podrá entreverse hasta que no se plasme en una organización administrativa y, sobre todo, en las dotaciones presupuestarias que serán necesarias para hacerlo efectivo. Cuestiones que, obviamente, también tienen un gran potencial para suscitar discrepancias entre los partidos coaligados.
De manera que estas ‘Bases programáticas’ podrían servir de punto de partida para programas de gobierno muy distintos, y aun opuestos, según quién marque las prioridades, dónde se pongan los énfasis y cómo se rellenen de contenido legal y presupuestario. En todo caso, el texto ofrece abundantes argumentos sobre en qué gastar el dinero de los contribuyentes, pero muy pocos, o ninguno, sobre cómo gastarlo más eficazmente. Y tampoco nos dice gran cosa sobre cómo se va a recaudar ese dinero, más allá del aserto de que el sistema tributario se inspirará en «los principios de igualdad y progresividad», lo que es un mandato constitucional. O de ese extraño punto 69, que establece el "compromiso de ‘mantener’ la presión fiscal en Aragón por debajo de la media española", que a aquellos aragoneses que están indignados o meramente preocupados con las tarifas de los impuestos de sucesiones o de patrimonio les habrá sonado a chino. Cierto es que, en una de las escasas formulaciones concretas del documento, se asegura que desaparecerá el impuesto de contaminación de las aguas (ICA), pero será poca alegría, pues se añade a renglón seguido que se sustituirá por "una nueva figura tributaria".
Quizá un peligro evidente de esta coalición y de estas ‘Bases’ estriba en que cada socio intente gastar en los asuntos que más le interesen o de los que espere mejor rédito electoral, y que no haya nadie en el gobierno que se ocupe de la desagradable tarea de embridar el gasto. De cualquier forma, no se olvide que el nuevo gobierno tendrá que atenerse a las obligaciones legales sobre control del déficit público.
Si el gobierno que está a punto de nacer en Aragón puede parecer un cosido de retales, también recuerda a una balsa de náufragos. Lambán ya recogió en la anterior legislatura a la CHA, y a los aragonesistas de izquierda no les ha ido mal. Ahora se suben a la barca el PAR y Podemos, arrojados a las aguas por sus respectivos naufragios electorales. Y tal vez esté allí la mejor garantía de estabilidad. Quienes acaban de ser recogidos del proceloso océano no deberían tener demasiadas ganas de agitar la barca. Antes bien, lo que les interesa es remar a compás para llegar cuanto antes, si no a buen puerto, al menos a una salvífica playa.
