Opinión

Deuda autonómica

Por
  • Heraldo de Aragón
ACTUALIZADA 16/07/2019 A LAS 02:00
EL CONSEJERO FERNANDO GIIMENO COMPARECE EN LAS CORTES DE ARAGON / 08/01/2018 / FOTO : OLIVER DUCH [[[FOTOGRAFOS]]]
EL CONSEJERO FERNANDO GIMENO EN UNA FOTO DE ARCHIVO EN LAS CORTES DE ARAGÓN
Oliver Duch

La Cámara de Cuentas alerta de un «grave» desequilibrio de 349 millones en la DGA, que le impide hacer frente a sus gastos sin aumentar aún más su abultada deuda. Como la mayoría de las administraciones, el Gobierno de Aragón arrastra un problema estructural con la financiación. Por su volumen es un asunto de Estado al que los nuevos gobiernos, central y autonómicos, deben dar respuesta de forma urgente y conforme a las exigencias de la UE.

El último informe de la Cámara de Cuentas, tras revisar los datos de 2017, insiste en un viejo problema que se ha hecho común a buena parte de las Comunidades autónomas: el desfase entre los gastos y los ingresos, que se deberá cubrir con más créditos si no aumentan los ingresos no financieros o, por lo contrario, se reduce el gasto corriente. La clave es que con el dinero que entra en la caja autonómica procedente de ingresos propios, 3,988 millones, no se puede sufragar la actividad ordinaria del Gobierno de Aragón. Aunque la situación ha mejorado respecto a los dos años anteriores gracias al «significativo» aumento de los ingresos, la diferencia entre ingresos y gastos corrientes alcanza los 49 millones. Y hay que añadir el pago de los intereses de la creciente deuda y la amortización de esos créditos. Se trata de una cifra elevada porque se comporta como una bola de nieve que no para de crecer. Urge, pues, una reforma de la financiación.

La reforma autonómica debería haberse hecho hace varios años, pero la crisis política catalana ha ido demorando la negociación. Ahora es ya urgente. Es perentorio financiar servicios básicos como la educación o la sanidad en zonas despobladas; decidir cómo se aliviará la carga de la deuda; fijar principios de reparto de la financiación estatal y armonizar las políticas de impuestos. La nueva financiación tiene que negociarse sin demora y siempre bajo el principio de la lealtad entre todos los territorios del Estado. 

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