Las conclusiones de la Fiscalía

Hace cuatro meses comenzó en el Tribunal Supremo el juicio oral contra los líderes políticos y dirigentes de asociaciones que organizaron un referéndum ilegal en Cataluña y propiciaron la declaración unilateral de independencia. Después de numerosas declaraciones, interrogatorios y pruebas, la Fiscalía ha presentado sus conclusiones. Y no solo ha ratificado su acusación inicial de rebelión, sino que ha expuesto que lo ocurrido en Cataluña en el otoño de 2017 fue «un golpe de Estado» en el que se empleó «violencia».

Desde el 12 de febrero, en la Sala Segunda del Supremo solo se han esgrimido argumentos jurídicos, por más que los partidos a los que pertenecen los encausados pretendían seguir acompañándolos con campañas propagandísticas dirigidas a cuestionar la imparcialidad del Tribunal y, por extensión, la naturaleza democrática del sistema político español. Todos los ciudadanos hemos podido ser testigos, y no solo solo unos supuestos observadores como querían los secesionistas, del encomiable empeño de los siete magistrados en fijar los hechos y el grado de participación de los inculpados.

Ayer fue el momento de mayor protagonismo de la Fiscalía al presentar su informe final. Con especial relevancia de los dos fiscales aragoneses, Javier Zaragoza y Fidel Cadena, el Ministerio Público concluye que el ‘procés’ fue un golpe de Estado en el que hubo una rebelión porque, aunque no hubo armas ni militares, hubo «un alzamiento violento». La Abogacía del Estado, por su parte, mantiene la acusación de sedición porque considera que la violencia no fue «nuclear». Todo está ahora en manos del Tribunal, que dentro de unas semanas dictará la sentencia en la que se fijarán unas penas que el propio ordenamiento español permite recurrir ante el Tribunal de Estrasburgo. Con todas las garantías. Así funcionan las democracias sometidas al imperio de la ley, donde los tribunales no juzgan ideas, sino hechos.