Opinión

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Seguridades jurídicas

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  • Heraldo de Aragón
La Mesa del Congreso deberá decidir hoy si suspende a los diputados en prisión preventiva o si, por el contrario, consultan con los servicios de la cámara tras haber recibido la respuesta del Supremo a su requerimiento al respecto.

La Mesa del Congreso ha acordado finalmente la suspensión de sus cargos de los diputados presos con los votos a favor del PSOE, el PP y Ciudadanos. Esta decisión, aconsejada por los letrados de la Cámara, es prudente y garantista. Ahora, superada esta situación inédita, es preciso acometer la investidura del presidente del gobierno también con absoluto rigor jurídico. Hay que fijar cómo quedarán las mayorías en la Cámara con cuatro diputados menos.

El informe de los servicios jurídicos, solicitado el jueves por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, concluye que Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez serán suspendidos de los derechos y obligaciones de los parlamentarios con fecha 21 de mayo, día en el que adquirieron esa condición. Y lo serán en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no del Reglamento de la Cámara baja, como había indicado el Tribunal Supremo. La divergencia interpretativa se basa en la necesidad o no del suplicatorio. Aunque el resultado práctico sea el mismo en ambos casos, es importante que las instituciones aborden los continuos desafíos que los partidos independentistas plantean con la máxima seguridad jurídica, buscando siempre respetar los principios constitucionales y los derechos individuales, sin contaminación de condicionantes políticos o electorales. Solo así se evitarán posibles problemas en los tribunales europeos.

Los letrados del Congreso elaboran ahora otro informe para conocer el alcance de la suspensión. El asunto también es relevante porque marcará el cómputo de la mayoría absoluta. Si los diputados suspendidos no dejan el acta, la mayoría disminuirá y Pedro Sánchez no necesitará el apoyo de los independentistas para ser investido. Está claro que el nuevo gobierno debe ponerse a trabajar cuanto antes, pero debe hacerse con todas las garantías jurídicas. Así también se fortalecen las democracias.

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