Opinión

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Suspensión de los presos

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  • Heraldo de Aragón
Tras un primer saludo al inicio de la sesión el presidente en funciones y el líder de ERC, han mantenido una breve conversación. Pedro Sánchez se encontraba hablando por teléfono cuando Oriol Junqueras ha pasado a su lado y se ha dirigido a él.

El debate sobre quién debe tomar la decisión de suspender de funciones a los cuatro diputados y al senador encausados por el ‘procés’ que están en prisión preventiva ha provocado un insólito intercambio de mensajes entre la presidenta del Congreso, el Tribunal Supremo y la Fiscalía. Se trata de una decisión con tanta carga política que nadie parece querer tomarla. No obstante, debe hacerse con rigor y conforme a derecho, pero cuanto antes.

El asunto de la suspensión de los parlamentarios que están siendo juzgados volvió ayer al Supremo a través de dos escritos. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, considera que es el Alto Tribunal el que debe tomar la decisión basándose en el artículo 384 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la suspensión de los cargos públicos procesados por rebelión que estén en prisión preventiva. Por su parte, la Fiscalía pide al Supremo que ordene a las Cortes suspenderlos de forma «inmediata». Pero el Supremo ya dijo hace una semana que se les debía aplicar el artículo 21.2 del Reglamento de la Cámara, que prevé la suspensión de los parlamentarios que sean procesados y estén en prisión. De ahí la controversia, que debe ser resuelta con absoluta solvencia puesto que concierne a principios esenciales del sistema democrático como la separación de poderes.

Está claro que el Supremo ha cumplido su deber al remitir el auto de suspensión a la Mesa del Congreso. Ahora debe ser esta la que actúe. Si la presidenta alberga dudas, debe solicitar los dictámenes jurídicos que considere necesarios. Cabe incluso una nueva resolución del Tribunal que deje definitivamente claro que los diputados presos deben ser suspendidos. No obstante, Batet debe rehuir cualquier tentación de ganar tiempo por la carga política de la decisión si se toma antes de las elecciones del domingo. Los tiempos de la Justicia y de la política son diferentes y deben respetarse.

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