Memoria y Justicia

La detención de José Antonio Urrutikoetxea, ‘Josu Ternera’, supone un símbolo del final de ETA. Es simbólico porque encarna buena parte de la historia de la banda terrorista: en sus orígenes, ya participó en el atentado contra Carrero Blanco (1973); en sus estertores, fue quien leyó el comunicado que anunciaba el final del grupo (2018); entre medio, fue de todo y cuando ocupó la dirección de ETA encargó las matanzas más sangrientas: 21 muertos en el Hipercor de Barcelona, en junio de 1987, y seis meses más tarde, otros 11 fallecidos en el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Honrar la memoria de tantas víctimas exige reclamar que ahora, una vez detenido, responda ante la Justicia y que esta actúe con todo el peso de la Ley.

El 11 de diciembre de 1987 es una fecha especialmente luctuosa en la historia de Zaragoza. Sigue muy viva en la memoria de la ciudad aquel dramático amanecer en el que ETA voló la casa cuartel de la avenida de Cataluña, asesinando, mientras dormían, a once personas. Casi un centenar resultaron heridas y todos los que sufrieron el brutal ataque presentan secuelas difícilmente superables. Transcurridos 31 años desde aquel horror, que definió con terrible exactitud la calaña de ETA, una operación conjunta de la DGSI (el servicio de inteligencia francés) y la Guardia Civil permitió ayer la detención del que está considerado el inductor de la matanza, José Antonio Urrutikoetxea. Precisamente la alusión a la muerte de cinco niñas en la casa cuartel zaragozana es la que ha dado nombre al operativo de su arresto: ‘Infancia Robada’. Permanecía huido de la Justicia desde el año 2002, cuando la Audiencia Nacional le reclamó por su participación, en calidad de dirigente de ETA, en la masacre del cuartel de Zaragoza. Que el sanguinario etarra fuera en ese momento diputado de Euskal Herritarrok y miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco da idea de la perversa connivencia entre los terroristas y buena parte del nacionalismo vasco.

Hoy, los familiares de los fallecidos y los supervivientes del atentado reclaman, y con toda razón, justicia. Las responsabilidades criminales pendientes han de aclararse. El fin de la violencia no puede sustentarse en ninguna cesión, sino en el respeto a la legalidad y a la convivencia democrática. Por ello, es totalmente desafortunado el calificativo de «héroe de la retirada» que ayer le dedicó el ex presidente del PSE-EE Jesús Eguiguren. Es misión del Estado de derecho proteger a los ciudadanos, castigar a los delincuentes y garantizar la Justicia. Por lo tanto, está obligado a que todo el peso de la ley caiga sobre los terroristas, tanto los que aún son buscados por las Fuerzas de Seguridad como los que permanecen presos.