El tribunal del caso Plaza, el mayor proceso judicial por corrupción instruido en Aragón, absuelve a Carlos Esco, Miguel Ángel Floría y Agapito Iglesias, los únicos acusados que no habían pactado con la Fiscalía. En cambio, confirma en su sentencia las penas que negociaron los otros 22 encausados. Después de probar que hubo corrupción y de que la Justicia haya aclarado las responsabilidades de cada uno, se impone que las administraciones actúen con diligencia para evitar que se repitan actuaciones tan lesivas contra el erario.

El juicio por el saqueo de más de 147 millones de euros en las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza ha terminado con la absolución del exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA y los dos empresarios. La Audiencia dice no haber encontrado pruebas de cargo que permitan enervar el principio de presunción de inocencia, pero confirma en su sentencia las penas que negociaron con la Fiscalía el resto de los encausados por la trama corrupta, que suman 17 años de prisión, cuando inicialmente se pedían 175. La resolución, que aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, supone un indudable triunfo para las defensas de Esco, Floría y Agapito Iglesias, que siempre negaron las acusaciones.

El fallo considera cerebros de la trama al exgerente de Plaza Ricardo García Becerril y a quien fuera primer responsable de la UTE Acciona-MLN, José María Jordán. Serán los únicos que acaben entre rejas al aceptar sendas condenas de 2 años y un día de cárcel, aunque inicialmente se les pedían 23 y casi 11 años, respectivamente.La sentencia confirma, pues, la existencia de unos graves delitos y de un inaceptable descontrol que exigen, además de la acción de la Justicia, el compromiso de todos para garantizar que no vuelven a repetirse estos desmanes. A partir de ahí, Plaza debe seguir desarrollándose como elemento esencial para el progreso de Aragón.