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Libertad educativa

Colegio Ánfora de Cuarte de Huerva. Los tribunales, en contra de lo que estimaba el Departamento de Educación, permitieron la apertura del centro concertado en septiembre de 2015 (en la foto, el día de la inauguración) y, posteriormente,  obligaron a su concierto.
Colegio Ánfora de Cuarte de Huerva. Los tribunales, en contra de lo que estimaba el Departamento de Educación, permitieron la apertura del centro concertado en septiembre de 2015 (en la foto, el día de la inauguración) y, posteriormente, obligaron a su concierto.
Guillermo Mestre

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha fallado que la DGA vulneró derechos fundamentales al negar la apertura del colegio Ánfora en Cuarte de Huerva. Se trata de un duro revés judicial para el Ejecutivo de Javier Lambán porque fue una de sus primeras decisiones nada más llegar al Pignatelli. La Consejería de Educación insistió desde entonces en actuar en los tribunales contra la asociación de padres de alumnos hasta que finalmente el TSJA ha llegado al fondo de la cuestión.

Después de casi cuatro años de un intenso tira y afloja judicial, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha dado la razón a los padres que recurrieron la denegación de apertura del colegio en el municipio zaragozano. En un gesto muy politizado y ajeno al hecho de que la Constitución protege los derechos y libertades de todos los ciudadanos, el recién estrenado Gobierno PSOE-Chunta decidió el 20 de agosto de 2015 impedir la apertura del centro privado de educación ‘Internacional Ánfora’. La iniciativa pedagógica había surgido como una cooperativa para satisfacer una necesidad por la carencia de centros de enseñanza en Cuarte a pesar del relevante crecimiento de población infantil. La DGA estimó que el edificio, cuya construcción había sido autorizada por el anterior Ejecutivo del PP, no se encontraba en condiciones para comenzar su actividad. Sin embargo, los tribunales la autorizaron de forma provisional. Entonces, la Consejería denegó el concierto de sus aulas, pero de nuevo, a través de medidas cautelares, los juzgados obligaron a que el Ánfora recibiera la subvención. El empeño de Lambán y sus nuevos apoyos de Podemos por mostrarse como los adalides de la educación pública, como si la concertada no prestara también un servicio público, generó una concatenación de errores. El TSJA pone ahora claridad respecto a la libertad educativa.

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