Financiar la dependencia

El director gerente del IASS, Joaquín Santos, en una foto de archivo.
El director gerente del IASS, Joaquín Santos, en una foto de archivo.
Gobierno de Aragón

Esta legislatura ha logrado introducir en el sistema de ayudas a la dependencia a muchos aragoneses, un 63,48% más que los que había en 2015. No obstante, otros 6.000 siguen a la espera de empezar a recibirlas. La clave de que no todos los que tienen este derecho puedan disfrutarlo es la financiación. La Administración central incumple sistemáticamente la obligación de aportar el 50%. Por ello, la DGA pone el 79%. El Gobierno debe cumplir sus obligaciones.

La aprobación en España de la Ley de Dependencia en 2006 fue considerada un hito histórico. Consagraba así el cuarto pilar del Estado de bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensiones. No obstante, siempre ha arrastrado un severo problema de financiación, porque a la falta crónica de una dotación presupuestaria suficiente se ha unido que carga sobre las comunidades autónomas el grueso del coste. En el caso de Aragón, un total de 29.146 personas recibían a finales de 2018 alguna ayuda a la dependencia, lo que supone 3.529 más (un 13,78%) que en 2017. A pesar de estos buenos resultados, todavía 6.000 ciudadanos tienen reconocido el derecho a algún tipo de prestación, pero llevan meses esperándola. Además, otras 7.590 personas están en lista de espera para que su caso sea valorado. El esfuerzo que Aragón ha hecho en esta legislatura para ampliar la cobertura se ve penalizado porque la Administración central incumple la obligación de aportar el 50% del importe de las prestaciones.

El Gobierno que salga de las elecciones debe cumplir con su obligación de cofinanciar la dependencia. De poco sirve el empeño de Aragón y otras comunidades en generalizar la atención a los dependientes si el ahogo económico no les permite llevarlo a buen fin. Los derechos no son un privilegio. Además, la asistencia genera empleo. En los tres últimos años se han creado 2.404 puestos de trabajo, un 68,6% más de los existentes en 2015.

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