El Congreso ha aprobado, con los votos del PP, la ley que permite al Estado declarar manifestaciones populares como la jota o el mantón de Manila Patrimonio Cultural Inmaterial, una norma que según la oposición invade competencias autonómicas y demuestra la "obsesión" del PP por la tauromaquia.

La ley regula la competencia de la Administración General del Estado para declarar 'Manifestaciones Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial' y adoptar medidas de salvaguarda en ámbitos como las tradiciones orales, las artes de espectáculo, los usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y los saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional.

Entre los bienes inmateriales que podrían formar parte de estas consideraciones se encuentran el flamenco, la dieta mediterránea (ambas reconocidas ya por la Unesco), la trashumancia, la jota, los toques de campanas, el Romancero, el mantón de Manila, la fiesta de San Juan o los Mayos o los Tribunales de regantes del Mediterráneo español.

El portavoz del grupo popular, Juan de Dios Ruano, ha recalcado que se trata de la primera ley de salvaguarda del patrimonio inmaterial y ha considerado que es una norma "de todos y para todos" y que demuestra "el amor por la cultura española".

Ruano ha recordado que mientras que en la protección del patrimonio material prima la conservación en el inmaterial destaca la labor de salvaguardia a través de la transmisión intergeneracional, hecho al que atiende la ley.

Por el contrario, la portavoz del grupo socialista, Susana Ros, ha señalado que el texto provoca dudas en el ámbito competencial y "certifica la obsesión por la tauromaquia" del Gobierno y del PP, y ha justificado su abstención en que consideran que la salvaguardia patrimonio "es un asunto de Estado ni partidista ni electoralista", que no debe imponerse.

También la diputada de Izquierda Plural Ascensión de las Heras ha calificado la ley de "capricho" del PP, además de una "provocación" y una "imposición" centralista para los que creen "que no se puede proteger el maltrato de animales por placer o divertimento", además de suponer una vulneración de las competencias autonómicas.

De las Heras ha acusado al PP de poner la ley al servicio de los intereses de "de unos pocos empeñados en mantener tradiciones desechadas en algunos territorios como el toreo" y ha confiando en que la UNESCO respalde la decisión de Cataluña de suprimir las corridas de toros, así como que deje sin efecto la ley que regula la tauromaquia.

Esta norma tiene una "mentalidad muy política" e "hipercentralizadora" en la que la Administración central se reserva competencias plenas para declarar la protección y adoptar medidas de salvaguarda, lo que supone "una carta en blanco", ha indicado Joseba Agirretxea, del PNV, para quien el trámite parlamentario "hace pensar" que el Gobierno no quiere que manifestaciones como la tauromaquia no estén en manos de las Comunidades Autónomas.

Por parte de CiU, Monserrat Surroca ha rechazado el texto porque entender que hay una vulneración de competencias de las Comunidades Autónomas y una "clara extralimitación competencial del Estado" .

También Julio Lleonart, de UPyD, ha criticado el texto y ha considerado que las enmiendas aprobadas lo han sido para corregir errores gramaticales por lo que han hecho de la Comisión de Cultura "el departamento de corrección más caro del mundo".

La ley invoca en su texto "la doctrina general del Tribunal Constitucional para aceptar casos excepcionales en los que el Estado puede intervenir en ámbitos de competencia autonómica cuando, además del alcance territorial superior al de una Comunidad Autónoma del objeto de la competencia, la actividad pública que sobre él se ejerza no sea susceptible de fraccionamiento".