El futuro del Buen Pastor, en el aire
La Dirección General de Patrimonio estudia si incoa o no el expediente para declararlo BIC, como ha solicitado Apudepa
El edificio del antiguo reformatorio del Buen Pastor en Valdefierro parece tener sus horas contadas. O no. La Dirección General de Patrimonio debe decidir en los próximos días si incoa expediente para declararlo Bien de Interés Cultural, según solicitó oficialmente Apudepa el pasado 21 de febrero, aportando la documentación precisa. Además, la misma asociación de defensa del patrimonio histórico presentará al Ayuntamiento de Zaragoza este miércoles, o a lo sumo este jueves, una solicitud análoga, la de que lo declare de Interés Monumental. Ambas instituciones deberán decidir si reconocen o no interés arquitectónico al edificio, actualmente lleno de grafitis y suciedad, pero en aparente buen estado constructivo. La DGA quiere derruirlo y levantar allí, ex novo, una residencia de ancianos.
En los últimos días se han producido una serie de movimientos en torno al edificio. El Ayuntamiento remitió el expediente a la Comisión Provincial de Patrimonio, que lo devolvió, alegando que no se puede pronunciar sobre él al no estar catalogado. Pero parece haber prisa por derribar el edificio. Antes de que se supiera de la inhibición de la Comisión de Patrimonio, la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales ya había iniciado el expediente, en tramitación urgente, para contratar las obras de demolición del edificio, por valor de 820.895,30 euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de 45 días. Precisamente este martes pasado, 15 de marzo, tuvo lugar una visita de los licitadores interesados en participar en el concurso para las obras de demolición. Y todo esto sucede cuando, en realidad, aún no hay vía libre total para el derribo del edificio.
En las últimas semanas, entidades como Apudepa (Acción Pública para la Defensa del Patrimonio) han pedido oficialmente que se conserve la Casa Tutelar del Buen Pastor en Valdefierro. El 21 de febrero pasado entró por el registro la solicitud de que se incoe el expediente para declararlo BIC. La Dirección General de Patrimonio no se ha pronunciado aún al respecto: puede incoarlo o desestimarlo. En el reciente caso del monasterio de Santa Inés o de Nuestra Señora del Pilar, tras paralizar el derribo, decidió incoarlo; y ya ha terminado el periodo de información, por lo que la resolución definitiva se conocerá en los próximos días. Para Apudepa, el edificio del antiguo reformatorio es una obra muy importante de los hermanos Regino y José Borobio, protagonistas de buena parte de la historia arquitectónica de Zaragoza entre los años 20 y 80 del siglo pasado.
El hecho de que Ciudadanía y Derechos Sociales agilice el proceso de demolición sin haberse pronunciado aún la Dirección General de Patrimonio sobre si abre o no expediente para declararlo BIC, parece indicar, al ser ambos parte del Gobierno de Aragón, que conoce yade antemano la decisión final.
En cualquier caso, la idea de salvar el edificio, rehabilitándolo, tuvo en un primer momento muchos apoyos dentro del barrio, y en los últimos meses se han desarrollado diversas actividades reivindicativas. Hubo una comparecencia en las Cortes de Aragón para demandar la rehabilitación y su reutilización como espacio vecinal, al entender que se adecúa perfectamente a residencia y centro de día para personas mayores, abierto a todos los residentes de la zona, y el bosque que rodea el inmueble del antiguo reformatorio podría pasar a ser un parque. También se han elevado voces en contra, que ven con buenos ojos el proyecto de la DGA, financiado con más de 20 millones de euros procedentes de Europa, y que contempla una residencia geriátrica, con dos centros de días y varios pisos tutelados, además de zonas verdes.
Desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que promueve el proyecto, se defiende el derribo total como único camino posible. A su juicio, el edificio existente no podría readaptarse como geriátrico porque no cumple la normativa técnica y "la distribución arquitectónica es incompatible con la normativa en vigor para edificios de uso residencial". Según el Gobierno autónomo, las asociaciones de vecinos de la zona "han estado informadas del proyecto en todo momento y están de acuerdo".
