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José Cuenca: "En España no es posible celebrar un referéndum de independencia"

Nacido en Iznatoraf (Jaén) fue embajador en Canadá (1999), Grecia, la Unión Soviética y Bulgaria. Presentó en Zaragoza ‘Las mentiras del separatismo’.

El diplomático, este miércoles en la Facultad de Derecho de Zaragoza.
El diplomático, este miércoles en la Facultad de Derecho de Zaragoza.
Guillermo Mestre

¿En qué se parecen los casos de Quebec y Cataluña?

Entre Quebec y Cataluña existen ciertos puntos en común, pero con notables diferencias. Entre ellas, una decisiva: el marco legal. En Canadá es posible la secesión de una provincia por una simple razón: porque lo permite la ley. Algo que no sucede ni en las grandes democracias occidentales (Estados Unidos, Francia o Alemania) ni en España, donde las constituciones respectivas establecen un dogma sagrado: el de la unidad y la integridad territorial de la nación.

¿Por qué ha escrito el libro ‘Las mentiras del separatismo’ comparando los dos proyectos?

Mi intención al escribir ‘Las mentiras del separatismo’ ha sido solo una: desmontar, con el poder demoledor de la verdad, las falacias (yo anoto solo seis, pero son muchas más) en que se apoyan los separatistas. Desde luego, mi propósito no ha sido ilustrarlos o tratar de convencerlos. Ellos están perfectamente al tanto de todo cuanto digo; pero necesitan la mentira para mantener el victimismo y su odio a España.

¿Cómo paralizó Canadá el independentismo quebequés que logró el 49,5% a favor en el referéndum que se celebró en 1995?

Cuando se celebró en Canadá el segundo referéndum, el de octubre de 1995, el ‘no’ logró prevalecer solo por unas décimas, como usted señala. Fue entonces cuando el primer ministro federal, Jean Chrétien, adoptó una serie de medidas que han logrado el fin que perseguían: preservar la unidad del país, dentro de un esquema de progreso y solidaridad. Entre ellas destaca la adopción de la Ley de Claridad, de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional canadiense.

¿Una norma como la Ley de Claridad funcionaría en España?

En el año 2005, a su paso por Madrid para presentar su libro, le preguntaron a Stéphan Dion, ministro canadiense artífice de la Ley de la Claridad, si en España sería conveniente aprobar un precepto similar. Y respondió: «No hace falta, ustedes ya tienen la Constitución». En efecto, es así. Nuestra Carta Magna establece, en su artículo 2º, que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». No se necesita nada más.

El 80% de los catalanes quiere un referéndum. ¿Estaría a favor de celebrar esa consulta, como se hizo con Quebec en Canadá?

En España, lo diga quien lo diga, no es posible celebrar un referéndum de independencia –cabe sobre otros temas–, porque nuestra integridad territorial es inviolable y nadie puede amenazarla. Ni tampoco se dan las condiciones para aplicar el derecho a la autodeterminación, que iría contra las leyes internas y las normas internacionales. Por eso, si se produjera cualquier intento de consulta, estaríamos ante una flagrante ilegalidad. Eso lo saben todos los catedráticos de Derecho. También los catalanes.

En Cataluña hay un hartazgo del ‘procés’ y protestas por los presos. ¿Cómo lo solucionaría?

Es cierto, hay un hartazgo del ‘procés’. Y algo más: pérdida de velocidad de un independentismo que no tiene cabida dentro del proyecto europeo. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, pienso que la ley hay que respetarla, en Cataluña y en cualquier otro punto de nuestro territorio nacional. La sentencia del Tribunal Supremo está ahí y, nos guste o no, hay que cumplirla y acatarla, en su total integridad. Soy embajador de España desde hace 40 años y conozco bien el poder de la palabra y la fuerza del diálogo. Pero siempre dentro de la Constitución y la legalidad. Hoy es más necesario que nunca recordar que, en democracia, no cabe la impunidad; los tribunales, en un régimen de libertades, están para juzgar; y la ley y el orden, tan criticados por una cierta progresía, no son conceptos del pasado, sino la columna vertebral del Estado democrático.

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