El AGA es el Archivo General de Aragón y no está en ninguna parte. Es una pena. Para que una comunidad se dote de una autopercepción ajustada necesita imperativamente el patrimonio que guardan sus archivos, con los que a veces se perpetran barbaridades, y no todas son por guerras.

Vean qué historia: "En el archivo de la Delegación de Hacienda de Zaragoza existía un riquísimo fondo documental del siglo XIX, con series completas referidas a las distintas etapas desamortizadoras y muy en particular a las de Mendizábal (1835-1851) y Madoz (1855-1875). (...) Un buen día nos enteramos de que la Delegación había cambiado de sede y al punto pudimos comprobar con horror" que su encargado "había decidido transformar en pasta de papel buena parte de los riquísimos fondos», que perecieron mediante «el fuego y la caldera a beneficio de no sabemos quién".

Lo leo en dos densos libros que hacen pareja (Institución ‘Fernando el Católico’, 2019), obra de Pascual Marteles y Encarnación Moreno, que vivieron en persona esa dramática destrucción de documentación valiosa. Las dos grandes desamortizaciones españolas buscaron hacer productivos bienes raíces inmovilizados, mayoritariamente eclesiásticos. Se ha escrito mucho sobre el caso, pero pocas veces con tanto detalle y finura interpretativa como se lee en estas dos tesis-tesis (en estos días, procede precisar), dirigidas por Gonzalo Anes, sobre lo sucedido en la provincia de Zaragoza. La documentación original ha perecido.

Traigo el caso porque el desorden es condición que favorece la pérdida de documentación importante. Si esos monumentos escritos se minusvaloran, perecen. Si se traspapelan o están mal clasificados, son inutilizables. Si la masa documental de una comunidad milenaria, como la aragonesa, o la española, no se trata con criterio técnico, el desastre estará siempre agazapado. Hoy, los aún muy ricos archivos de Aragón son una orquesta sin director.

El AGA no existe

Ahora que los ciudadanos están sensibilizados con lo sucedido en el pasado, reciente o remoto, sería bueno dotar a Aragón de un plan de archivos que reduzca estos riesgos. La situación no es catastrófica, pero tampoco buena. Algunos archivos son magníficos ejemplos de gestión. Pero queda mucho por hacer y la importancia de la tarea la muestran casos como el expolio indebido (¡por el Estado!), en favor de la Generalitat catalana, de documentos aragoneses en el Archivo de Salamanca; el extravío de escritos relativos a los bienes eclesiales que últimamente se reclaman; o la inquietud por el futuro del Archivo de la Corona de Aragón (ACA) en Barcelona. El asunto es, pues, de envergadura, cultural, económica, moral. No hay solo archivos de la Administración, sino de entidades y corporaciones, asociaciones, cofradías y gremios, casas nobiliarias y particulares que necesitan cuidado y vigilancia. No es cuestión de propiedad, sino de coordinación y de atención, de poner recursos en común y de crear la oportunidad cooperativa.

Para eso se creó, por la ley aragonesa 6/1986, el sistema de archivos de Aragón, que incluía el Archivo General de Aragón (AGA). Treinta y tres años más tarde sigue sin existir la necesaria clave de bóveda del conjunto del sistema.

Así, la Comisión Asesora de Archivos no cumple bien su función, porque no tiene cómo hacerlo, ya que el AGA creado en el artículo 20 de dicha ley no existe. Algunos archivos habrían de integrarse en él; pero, ante todo, sería la clave y brújula de un sistema total, formado -sin pérdida de su autonomía, pero armonizados y sinérgicos-, por los archivos de las Cortes, del Justicia, Cámara de Cuentas, Históricos de las tres provincias (el de Zaragoza está en precario), Notarios, Universidad, diocesanos, catedralicios, parroquiales, etc.

Una treintena de archiveros (cuyo nivel medio es elevado, por su buena formación en la esforzada Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza) recuerdan estos días en una carta que el AGA no existe. Añado que precisa un edificio adecuado (no necesariamente nuevo), dotado de personal y servicios para cumplir con sus funciones y de espacio calculado con vistas al futuro. No hay tampoco un plan plurianual sobre el sistema aragonés de archivos. O sea, mal.

El propio archivo administrativo de la Comunidad autónoma anda repartido en varios lugares, en parte externalizado y a cargo de documentos históricos que habrían de estar en la entelequia AGA. No hay nada pensado para recoger documentación de empresas extintas de sumo interés, casas nobiliarias, partidos extintos, donaciones y fondos en riesgo por pobreza o ignorancia. Nadie ayuda desde una organización central, por ejemplo, a la mejora técnica o a la restauración de piezas que están en archivos pequeños y carentes de medios; o a la creación de indispensables planes de emergencia. La digitalización ya iniciada (DARA, en internet, que ha mejorado mucho) es más hija de esfuerzos individuales que de un proyecto definido y respaldado.

Con motivo nos preocupamos por el futuro del ACA, tesoro valiosísimo. Deberíamos inquietarnos también por el AGA inexistente. A diferencia de aquel, este es asunto solamente nuestro. Mucha suerte sería que el AGA figurase en algún programa electoral.