Una sociedad usó cuatro supuestos cuadros de Goya para financiar un hospital privado fallido

El buen nombre de Francisco de Goya fue utilizado con fines indecorosos por una sociedad mercantil que pretendía financiar el proyecto de construcción de un hospital en la Comunidad de Madrid. Una iniciativa privada que finalmente no cuajó y para la que se tasaron en algo más de diez millones de euros cuatro pinturas de autoría desconocida y que un supuesto doctor en Historia del Arte atribuyó al genio aragonés.

La historia, de partida, no hay por donde cogerla. Pero obligó a la Brigada de Patrimonio Histórico del Cuerpo Nacional de Policía a iniciar una investigación en febrero de 2013 cuando la empresa Inversión y Explotación de Activos S. L. solicitó catalogar las cuatro obras como Bienes de Interés Cultural (BIC) bajo los nombres 'Retrato de caballero sentado', 'Retrato de señora', 'Adoración' y 'Retrato de mujer de medio cuerpo'. Según fuentes de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, los dos integrantes de la empresa trataron con esta instancia de "dotar de cierta credibilidad los actos posteriores para apoyar la creencia de que efectivamente eran cuadros atribuidos al pintor aragonés".

Una vez consiguieron que un presunto experto elaborara informes que tasaban las cuatro obras con un valor conjunto de 10.080.000 euros, los dos socios aportaron la cantidad en concepto de ampliación de capital de la empresa, que tenía como finalidad la construcción, desarrollo y gestión de un futuro hospital para lesionados medulares en Villaviciosa de Odón (Madrid), una instalación que recibió el visto bueno del pleno municipal, que incluso modificó su Plan General de Ordenación Urbanística. La obra comprendía la remodelación integral y la ampliación de un antiguo hotel en las afueras de la localidad.

Si la petición de denominación BIC ya extrañó a las autoridades, la posterior solicitud de un permiso para exportar las obras a Suiza terminó de encender las alarmas de la Policía, que inició las pesquisas correspondientes una vez recibió el visto bueno de la Fiscalía el 22 de marzo de 2013. La Brigada de Patrimonio Histórico comprobó entonces que tres de los cuadros ya habían sido trasladados de manera temporal al país helvético, y que en la solicitud -que se realizó por vía telemática- se valoraban en 300, 350 y 950 euros, a la vez que en la descripción se reconocía el desconocimiento de su autoría. Las cifras chocan de lleno con las tasaciones realizadas por el supuesto experto, que valoró los cuadros en 3.528.000, 1.386.000 y 2.016.000 euros, respectivamente.

Una vez lograron aclarar la postura del consistorio del municipio madrileño -ajeno a toda la operación-, los investigadores descartaron sus sospechas de un posible fraude inmobiliario y centraron sus indagaciones en la sobretasación de los trabajos (que están fechados en las postrimerías del siglo XVIII) y las posibles ilegalidades en el ámbito societario.

Constatada la descomunal resta entre el valor real (declarado al Ministerio de Cultura en el momento de requerir el permiso de exportación) y la tasación aportada al ampliar el capital de la empresa, los investigadores solicitaron los activos, que estaban asegurados con la compañía Lloyd's y se encontraban depositados en los almacenes de una compañía de seguridad "por un alquiler mensual elevado", según apunta la Fiscalía. La intención no era otra que someterlos al ojo clínico de la experta en Goya del Museo del Prado. Y su conclusión fue tajante: descartó cualquier posibilidad de que el responsable de esos trazos fuese el artista de Fuendetodos y aseguró que las creaciones eran "de bajísima calidad".

El vecino médico y la princesa saudí

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Las investigaciones concluyeron con la aparición de un tercer implicado, ajeno a la sociedad, al que según la Fiscalía "se dirigían todas las maniobras de puesta en escena acerca de la constitución de la empresa -sin capital real-, con la aparente finalidad de construir el hospital, así como de poner en marcha una fundación benéfica con una princesa saudí como patrona mayor". A esta última se la llegó a llevar a Madrid "invitada con aportaciones de otro socio, que se retiró a la vista de la falta de liquidez del proyecto".

El tercer implicado en cuestión, un médico interesado en formar parte de la dirección del malogrado hospital, fue instado a aportar medio millón de euros al proyecto, cantidad que pensaba reunir mediante la venta de sus depósitos bancarios a plazo fijo, motivado también por ser vecino del principal montador de la trama.

Ante la ausencia de contenido relacionado con el patrimonio histórico-artístico, se decretó con fecha 18 de junio el archivo de las diligencias de investigación de la brigada especial, remitiendo testimonio al Juzgado de Instrucción n.º 45 de Madrid, que conoció la denuncia por estafa. La sociedad fue disuelta de manera voluntaria en enero de 2014.