Cinco años después de la detención del principal acusado del expolio de los cascos celtibéricos, el vecino de Illueca Ricardo Granada, el caso llega a su fin. Mañana, a las 10, se iniciará la primera de las dos jornadas de juicio señaladas por la sección 6ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

El caso, intrincado como pocos, entra en sus horas definitivas después de una instrucción compleja pero exhaustiva, que ha puesto a prueba a los expertos de patrimonio del Gobierno de Aragón: el informe de las piezas incautadas a los dos acusados consta de 1.000 páginas impresas, con más de 200 gráficos, planos y mapas; y de una memoria USB con 9.264 páginas más y 4.392 fotografías.

Dos hombres se sentarán en el banquillo: Ricardo Granada, detenido a mediados de febrero de 2013 acusado de extraer presuntamente los cascos tras descubrirlos con un detector de metales; y Mariano Ostalé, vecino de Alagón, al que se detuvo en agosto de ese año acusado de hurto de patrimonio y receptación.

Para Granada el fiscal pide tres años de cárcel y multa de 120.000 euros por posesión y transmisión de bienes de origen delictivo; y otros dos años de prisión y multa de 18 meses con cuota diaria de 12 euros por un delito contra el patrimonio histórico. Para Ostalé pide tres años de prisión y 180.000 euros de multa, también por posesión y trasmisión de bienes de origen delictivo. Solicita además el regreso de los cascos a España y su entrega a la Comunidad Autónoma de Aragón, lo que se antoja complicado porque están en distintas colecciones y museos europeos.

Desde el Gobierno de Aragón el caso se ha llevado con total discreción. Arqueólogos del Departamento de Educación y Cultura han elaborado el minucioso informe de las piezas incautadas y, con todo el sigilo posible, incluso han llegado a realizar sondeos en el enclave donde supuestamente aparecieron los cascos (la ciudad celtibérica de Aratikos) para incluir más datos en su informe. El Departamento de Educación y Cultura ha tenido hasta ahora un perfil bajo en sus declaraciones públicas, pero ejerce la acusación particular y pide para cada acusado cuatro años de prisión por un delito de daños contra el Patrimonio Histórico, tres por contrabando, y una indemnización conjunta de 106.825 euros por los daños al yacimiento.

Mañana declaran los acusados

El Ayuntamiento de Aranda de Moncayo, que también ejerce la acusación particular, pide para cada acusado tres años de cárcel y una multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, por daños contra el patrimonio, y tres años de prisión y multa de 184.000 euros por contrabando. Solicita además que los acusados paguen la restauración del yacimiento.

La defensa de los dos acusados, ejercida por el abogado José María Viladés, va a solicitar su absolución. "En ningún lugar del sumario veo pruebas irrefutables de que hayan cometido los delitos de los que se les acusa", señala. Meses atrás, el abogado ya dejó traslucir lo que podría ser una segunda línea de defensa, al subrayar que, dado el tiempo transcurrido desde la aparición de los cascos y su salida de España, cualquier delito que se encontrara ya estaría prescrito.

Será la sentencia, en cualquier caso recurrible, la que pondrá las cosas en su sitio. De momento, mañana, en la sala número 3, están previstos el interrogatorio de los acusados, la prueba testifical de los funcionarios de la Guardia Civil y las declaraciones de tres testigos, uno de ellos protegido.