La que fuera la casa de Luis Buñuel en México durante sus últimos años de vida se convirtió en un centro cultural en julio de 2013. El Ministerio de Cultura había adquirido el inmueble a la familia del genial cineasta aragonés en el año 2010: se pagó por ella 400.000 euros y se invirtieron unos 385.000 en obras de remodelación. La Casa de Buñuel, como se llamó el espacio, fue un museo además de un lugar de encuentro para personas del mundo del cine y otras artes. Acogió estrenos de películas y exposiciones, y también funcionó como residencia de artistas.

Pero no llegó a los dos años de vida. Desde mayo de 2015, el centro no tiene actividad y sus puertas permanecen cerradas al público. Tal y como publicó la edición impresa de HERALDO DE ARAGÓN en los primeros días de este mes de marzo, el origen del cierre está en un conflicto de competencias entre los ministerios de Cultura y Asuntos Exteriores.

Hace unos días que el asunto desembarcaba en el Congreso. Lo hacía a través de una iniciativa parlamentaria registrada por el grupo de Ciudadanos. Marta Rivera, diputada por Madrid, se interesa a través de una pregunta dirigida al Gobierno central en los motivos del cierre, en los planes de reapertura y en la existencia de un programa de actividades a realizar en el inmueble situado en la calle de Cerrada Búfalo de la capital mexicana.

“La Casa Buñuel pretendía ofrecer alojamiento y un lugar de trabajo en un entorno destinado a nutrir el proceso creativo, además de funcionar como sede de eventos académicos, científicos y culturales”, se puede leer en la iniciativa registrada en la edición del 23 de octubre del Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Está por ver si el Gobierno en funciones ofrece los datos solicitados, pues este anunció hace un par de semanas que renunciaba a someterse al control de los diputados. Lo hizo basándose en un informe de los servicios jurídicos de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes en el que se sostenía que un gobierno en funciones no tenía por qué someterse al control de la Cámara Baja ya que no contaba con su confianza. Poco después de hacerse pública esta decisión, el presidente del Congreso, el socialista Patxi López, solicitó al Ejecutivo en funciones que reconsiderara su posición ya que esta podía incurrir en “un conflicto constitucional grave”.

Este mismo martes, la Junta de Portavoces decidía imponer las sesiones de control al Gobierno en funciones y anunciaba que se dirigiría al Tribunal Constitucional para resolver este conflicto entre los dos poderes del Estado. Habrá, pues, preguntas parlamentarias al Ejecutivo en un pleno que se celebrará a mediados de abril. Diversas cuestiones que esperan respuestas, resoluciones positivas y esperanzadoras, como la próxima y definitiva puesta en funcionamiento del hogar mexicano del cineasta de Calanda.