El delincuente inverosímil

El 23 de junio de 1896, cuando el inspector Bel de la policía de Barcelona, acompañado de dos agentes, accedió al gabinete fotográfico que el zaragozano Marcelino García Orga regentaba en el barrio marinero de la Barceloneta (calle Mayor, 28, 2º), jugó al despiste con el desprevenido fotógrafo mintiéndole al anunciar que se trataba de un registro rutinario en busca de material pornográfico, «láminas obscenas», fueron sus palabras exactas.

Eso debió tranquilizar inicialmente al fotógrafo zaragozano. Pero la calma le iba a durar poco, solo hasta el momento en el que el inspector encontró la puerta camuflada que daba a un taller clandestino en el que se encontraba lo que en realidad los sagaces policías estaban buscando: clichés, pruebas fotográficas y hasta una piedra litográfica, el material necesario para la falsificación de billetes de banco. Concretamente se trataba de pruebas de un billete de 500 pesetas con la efigie de Mendizábal, como los que el Banco de España puso en circulación entre 1893 y 1911.

Que Marcelino García no era ni mucho menos un avezado delincuente, lo prueba el hecho de que cuando el inspector Bel consiguió entornar la puerta oculta, el zaragozano no fue capaz de resistir la tensión y se desplomó, perdiendo el conocimiento. Una vez volvió en sí, no fue mejor su reacción, ofuscado y desesperado trató de quitarse la vida, aunque la crónica periodística del juicio no ofrece más detalles al respecto. El resto es fácil imaginarlo, delante del inspector y los agentes, como se suele decir en el argot policial, cantó ‘La Traviatta’, inculpándose y delatando a sus cómplices en el frustrado negocio.

Pero ¿qué había sucedido para que un honrado fotógrafo de estudio se dejara embarcar en una empresa de tan dudoso éxito por unos delincuentes y falsificadores de medio pelo?

El negocio de la fotografía de retratos, que a principios de la década de 1860, con el auge del popular formato «carte de visite» o tarjeta de visita, había sido una empresa rentable y con buenas perspectivas, se iba a convertir con el tiempo en un negocio cada vez más competitivo y menos lucrativo, debido a la proliferación de gabinetes fotográficos urbanos.

Una prueba de las dificultades económicas por las que puntualmente atravesaron los negocios de Marcelino García en Zaragoza, es el acta de Protesta formalizada ante notario en 1883 por la Sociedad Villarroya y Castellano, denunciando el impago de una letra de cambio expedida a nombre del fotógrafo por la cantidad de 486 pesetas. Aunque no disponemos de más datos al respecto, nos inclinamos a pensar que fueron esas, las razones de índole económico, las que pudieron impulsar a Marcelino García a emigrar a una Barcelona en plena expansión industrial y demográfica, escaparate ante el mundo tras la exitosa Exposición Universal de 1888, en la que encontrar mejores oportunidades.

Memoria de Pedro Domingo

En aquella Ciudad de los Prodigios, en los distinguidos ambientes de los cafés Oriente y Continental, se movía como pez en el agua un delincuente vocacional y reincidente, en busca de capitalistas incautos a los que embaucar con sus negocios. Su nombre era Pedro Domingo Ferrer, había cumplido condena por falsificación de billetes de banco en Francia y estaba inmerso en otro proceso en Oviedo por falsificación de Títulos de Deuda. Según se deduce de la lectura de la crónica del juicio que hizo ‘La Vanguardia’, en su sección ‘Tribunales de Barcelona’ los días 15 y 16 de octubre de 1896, este fue el desarrollo de los hechos: el hijo del citado falsificador, Jaime Domingo Font, de treinta años de edad, se incorporó como aprendiz o ayudante en el gabinete barcelonés de Marcelino García.

Durante las escasas dos semanas que Jaime Domingo trabajó en su gabinete tuvo tiempo de tantear al zaragozano y preparar el terreno para que su padre, Pedro Domingo, acabara ofreciéndole al fotógrafo la cantidad de 10.000 duros por realizar los clichés y tres pruebas de las diferentes figuras y adornos que componían el citado billete de 500 pts. Para poder atender a su compromiso de pago con García, Pedro Domingo Ferrer, involucró también a José Guiu, un veterano corredor de fincas, que había sufrido presidio en Montjuich por su implicación en la causa carlista y con quien coincidía habitualmente en los citados cafés.

Al parecer, Marcelino García fue entregando a Pedro Domingo parte de su trabajo, hasta dos de las tres pruebas que éste le había encargado, pero se resistió a entregar el conjunto del rompecabezas foto-litográfico hasta que se le abonase la cantidad acordada. Pasaron hasta tres meses sin que Pedro Domingo volviese por el estudio de García. Tiempo durante el cual, Marcelino García precisó gastar incluso el original del billete de 500 pesetas que le habían depositado como muestra, según declaró en su comparecencia ante el jurado.

El impacto de los anónimos

Entre tanto, con la ayuda de Guiu, conocedor por su oficio de algunos terratenientes e industriales catalanes adinerados, Pedro Domingo ideó el arriesgado plan que a la postre acabaría llevando a todos los implicados ante el juez. Por medio de un anónimo, ofreció al comerciante gerundense Leandro Vallmiura la participación en el negocio de la falsificación de los billetes de 500 pesetas, a cambio de una aportación de 9.000 pesetas. En el interior del sobre que acompañaba el anónimo, Vallmiura encontró, además, un billete falso de 500 pesetas, «bastante bien hecho», a decir del comerciante. Como era previsible, el comerciante catalán, asustado ante la posibilidad de verse implicado, sin comerlo ni beberlo, en la comisión de un delito, corrió hasta la sucursal más próxima del Banco de España, donde denunció lo sucedido.

Aún tuvo que pasar el trago de tener que responder de su puño y letra el anónimo, por indicación de la policía, solicitando más detalles de la operación. Debió resultar verosímil su respuesta a los falsificadores, puesto que en el segundo anónimo recibido, Pedro Domingo y sus cómplices, cegados por lo que creían primeros réditos de su negocio, ofrecieron la clave de la futura detención de Marcelino García, al mencionar al profesional fotógrafo que estaba llevando a cabo los trabajos con la inicial «G».

El siguiente paso de la policía ha sido ya narrado, solo había que buscar en los estudios de los fotógrafos barceloneses apellidados con la letra «G». -¿Empezamos con García?, se dirían el inspector Bel y sus agentes.

Estos, como digo, fueron los hechos, pero otra cosa muy distinta fueron las declaraciones que cada uno de los procesados efectuaron ante el fiscal, el abogado de la acusación (por parte del Banco de España) y sus abogados defensores. Todos los implicados, de uno u otro modo negaron su participación en los hechos, hasta el propio Marcelino García se desdijo de su primera confesión, forzando el argumento de que no eran pruebas para falsificar billetes, sino que se trataba de trabajos realizados con fines publicitarios a partir del modelo de dicho billete.

Según se desprende del relato periodístico, el fotógrafo poco después de su detención había llegado a un acuerdo con algún alto funcionario del Gobierno Civil de Barcelona, presente en los interrogatorios, por el cual si accedía a delatar a sus cómplices, él quedaría exculpado, ya que los trabajos de falsificación no habían llegado a ser culminados. Sin embargo, a pesar de ello no debió de pasarlo nada bien durante el juicio, ya que en el momento en el que se empezó a leer la declaración del inspector Bel, el veterano fotógrafo sufrió un «ataque nervioso, complicado con otro de asistolia», por lo que tuvo que ser sacado de la sala y trasladado a la enfermería de la cárcel.

Declaraciones, juicio y sentencia

Una vez fueron vistas las declaraciones de todas las partes, incluidas las declaraciones como peritos de prestigiosos fotógrafos barceloneses como Antonio Esplugas y Pablo Audouard, las peticiones del fiscal y de la acusación particular se centraron exclusivamente en los encausados Pedro Domingo Ferrer y Marcelino García. En concreto, para el fotógrafo zaragozano, el fiscal solicitaba una pena de 4 años, 2 meses y 1 día de reclusión y, por su parte, la acusación particular, una pena incluso mayor, de hasta 8 años, 2 meses y 1 día, así como una multa de 2.500 pesetas.

No sabemos si fue el acuerdo a que llegó Marcelino García en el momento de su detención, lo patético de su comparecencia y retirada de la sala que pudo llegar conmover a los miembros del jurado popular, o más bien, la disertación final del juez, Sr. Hermosa, distinguiendo los matices entre las figuras jurídicas de delito consumado, delito frustrado y tentativa de delito, pero el caso es que a pesar de la contundencia de las pruebas aportadas, incluida la primera confesión inculpatoria de García, y a pesar de la importantes peticiones, tanto del Fiscal, como de la acusación particular, vistas las conclusiones del jurado, el juez dictó veredicto de inculpabilidad para la totalidad de los procesados, incluidos los principales encausados, Marcelino García y Pedro Domingo Ferrer.