DERECHOS DE AUTOR

Todas las claves de la nueva ley Sinde

Insuficiente para unos y abusiva para otros, la nueva normativa parece no satisfacer a nadie salvo a la ministra de Cultura.

Ángeles González Sinde
Sinde: "Queremos acabar con un modelo de imposición"
EFE

Lo ha conseguido. La ministra Gonzalez-Sinde ya tiene su ley. Tras ser rechazada en el Congreso, un pacto entre el Gobierno el PP y CiU asegura que, la conocida como ley Sinde, verá la luz en los próximos meses.

Pero muchas son las dudas que suscita: ¿qué es la ley Sinde?, ¿a quién afecta?, ¿cómo se aplicará? ¿servirá para algo?...

Qué

La ley Sinde no es una ley. Se trata de la modificación de una serie de leyes, entre ellas, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y la Ley de Propiedad Intelectual. Y es que, aunque pueda parecer lo contrario, ya existían leyes cuya función era preservar los derechos de autor.

Con el nombre de 'Disposición Final Segunda' el Gobierno introdujo esta iniciativa del Ministerio de Cultura en el Congreso dentro de un conjunto de medidas para reactivar la economía española: la Ley de Economía Sostenible.

En realidad, la única función de la ley Sinde es agilizar los trámites para el cierre de páginas web que vulneren los derechos de autor, o, mejor dicho, aquellas que sean «susceptibles de causar un daño patrimonial». Es decir, no es necesario demostrar que se haya infringido la ley, sino que basta con probar que esta se podría infringir utilizando una web. Las páginas en el punto de mira son aquellas que enlazan archivos protegidos por los derechos de autor.

Cómo

El procedimiento es muy sencillo. La denuncia siempre la tiene que hacer aquella persona o compañía cuyos derechos están siendo o podrían ser vulnerados. Pero con la nueva ley, la denuncia ya no se plantea ante un juzgado, sino ante una Comisión creada para «salvaguardar los derechos de propiedad intelectual».

Una vez presentada la denuncia, la comisión procederá a la identificación del denunciado solicitando los datos a la empresa que presta los servicios de internet, procedimiento que precisará de autorización judicial. Este punto ha sido la principal modificación que ha sufrido la ley tras su paso por el Senado.

Cuando la Comisión sabe quién es el presunto infractor, le pedirá que retire los contenidos que a su entender son «susceptibles de causar un daño patrimonial». Si el creador de la web se niega, se procederá a la presentación de las pruebas por ambas partes (2 días), presentar las conclusiones de las pruebas presentadas (5 días) y dictar resolución (3 días). En el plazo de algo más de una semana la web estará cerrada.

Quién

Este es quizás el aspecto más polémico de la nueva normativa.

Del mismo modo que la denuncia no se presenta en un juzgado, las conclusiones y la resolución final sobre caso no las dicta un juez. Será una comisión ejecutiva dependiente del Ministerio de Cultura quién dicte la resolución.

El papel del juez se ve reducido así a la mínima expresión, limitándo sus funciones a aprobar las decisiones adoptadas por la Comisión de Propiedad Intelectual.

Por qué

Las voces más críticas con la ley dicen que se ha creado porque los autores, las sociedades encargadas de gestionar sus derechos y la industria basada en la distribución de copias de sus obras, no estaban conformes con las sentencias que hasta hora habían obtenido en los tribunales cuando habían denunciado la vulneración de los derechos de autor. Lo cierto es que hasta el momento no ha habido ninguna sentencia condenatoria contra una página de enlaces.

Asimismo, la justicia puede resultar muy lenta en el cierre de páginas web que tardan solo unas horas en ser reabiertas en otros dominios, por lo que los defensores de las sociedades defensoras de los derechos de autor llevan tiempo demandando que se agilice el procedimiento.

Para qué

La ley Sinde servirá para cerrar algunas de las webs que enlazan a contenidos protegidos, pero es muy dificil que logre acabar con la piratería. El cierre de napster no impidió que internautas de todo el mundo continuaran compartiendo música. Los autores y sus representantes ya han sugerido que si el pirateo no se reduce drásticamente el siguiente paso será interrumpir los servicios de internet a aquellos que se descarguen contenidos protegidos.