Despliega el menú
Ocio y Cultura

POLÍTICA CULTURAL

Las sociedades de autores se infiltran en los gobiernos

En los últimos años, en países como Estados Unidos, Francia o España, los lobbys de artistas han optado por cambiar las leyes desde dentro

Ángeles González-Sinde, ministra de Cultura y defensora del canon.
Las sociedades de autores se infiltran en los gobiernos
EFE

Durante años, la estrategia ha sido otra. Los autores y los cabecillas de las sociedades de gestión de sus derechos, se han situado frente a los poderes para exigirles ciertas retribuciones y más presión policial contra la creciente piratería digital. Han llevado a cabo campañas de presión contra los responsables de cultura y nuevas tecnologías, han condicionado su apoyo a unos u otros candidatos electorales en función de sus promesas sobre la lucha contra la piratería, y han perseguido judicialmente a los infractores.

Pero las cosas han cambiado. En los últimos tiempos, en países como Estados Unidos, Francia o España, los autores y las sociedades de gestión de sus derechos han tornado su estrategia hacia la introducción de sus propios agentes, abogados y artistas en la estructura de poder de los ministerios de cultura y justicia. Hay ministros que han sido responsables de agrupaciones de artistas especialmente combativas con la piratería digital, hay secretarios del ministerio que han sido abogados e inspectores de estas sociedades de gestión, y hay, en general, nuevas tácticas, que pasan por ejercer la presión desde fuera y desde dentro del poder al mismo tiempo.

 

Timothy B. Lee, del Cato Institute, es experto en derechos de autor y nuevas tecnologías. Al preguntarle por la existencia de esta nueva estrategia en la RIAA, que es la SGAE de Estados Unidos, no muestra ninguna duda: "Obama designó a varios abogados que tienen estrechos vínculos con la industria del entretenimiento para puestos clave dentro de su Gobierno".

El caso español

En abril de 2009, José Luis Rodríguez Zapatero nombró ministra de Cultura a la directora de cine Ángeles González-Sinde, en sustitución de César Antonio Molina. Su nombramiento fue duramente criticado por la Asociación de Internautas, que lo entendió como una "provocación de Zapatero" y una amenaza para la libertad en Internet.

 

Al mismo tiempo que los internautas protestaban por la elección, en la SGAE se frotaban las manos. Para ellos, Ángeles González-Sinde era la candidata perfecta; cineasta, guionista y, desde el 2006, presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, se había mostrado siempre a favor del canon digital y del endurecimiento de la leyes que protegen los derechos de los autores.

 

En Francia, las conexiones entre el Gobierno y los autores llegan al máximo nivel, gracias a la condición de cantante y autora de la esposa del presidente Sarkozy. El proceso se inició cuando Nicolas Sarkozy nombró Ministro de Cultura a Fréderic Mitterand, amigo íntimo de su esposa Carla Bruni. La mujer del presidente francés reconoció que había aconsejado a su marido sobre el posible nombramiento de Mitterand, convertido poco después en pieza fundamental para sacar adelante la polémica ley antipiratería 'Hadopi'. La ley, que permite a un organismo administrativo perseguir a los internautas que se descarguen archivos protegidos por derechos de autor, está inspirada en un informe de Denis Olivennes, ex director del grupo FNAC y también gran amigo de Carla Bruni.

 

En América Latina proliferan las conexiones y confusiones entre los gobiernos y los representantes de los artistas y de las sociedades de gestión. En Argentina, el nuevo secretario de Cultura es el cineasta Jorge Coscia, que llegó al cargo de forma similar a la ministra González-Sinde en España, tras haber sido durante años director del Instituto Nacional del Cine.

 

En Chile, la socialista Michelle Bachelet nombró ministra de Cultura a la actriz Paulina Urrutia, hasta entonces presidenta del Sindicato de Actores. En Venezuela y Uruguay se han detectado movimientos parecidos. Todos estos nombramientos suponen una doble ventaja para los gobiernos: desactivan parcialmente la capacidad de presión social de colectivos como el de los actores o el de los músicos, con gran facilidad de movilización e influencia mediática, y en muchos casos se aseguran también un cierto respaldo político del mundo de la cultura de cara a próximas citas electorales, como se puede apreciar con claridad en Estados Unidos y España.

Etiquetas