El Gobierno cerrará páginas web pero solo con autorización judicial previa

El Gobierno ya tiene definido un procedimiento para bloquear páginas web que faciliten la descarga ilegal de archivos sujetos a derechos de autor. El nuevo modelo hará posible la retirada de contenidos como películas, canciones o videojuegos por un procedimiento rápido que durará menos de un mes, pero que necesitará de una autorización judicial previa, según avanzó ayer el diario 'El País'.

Aunque aún no hay un comunicado oficial del Ejecutivo, el procedimiento judicial será similar al que permite la retirada de anuncios y campañas publicitarias ilícitas: la solicitud de intervención podrá provenir tanto de un organismo administrativo como de uno particular. Con este modelo, el Gobierno seguiría en la línea de castigar las páginas de descargas y no a los usuarios que las utilizan, separándose así de políticas como las de Francia.

En diciembre pasado, Zapatero presentó un anteproyecto de Ley de Economía Sostenible que modificaba, entre otras, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y la de Propiedad Intelectual (LPI). Entonces, el Ejecutivo ponía fin a las disputas entre los operadores y la industria de contenidos culturales: se podrían cerrar webs que violaran los derechos de autor.

Sin embargo, el texto permitía el corte del servicio sin orden judicial a las páginas 'piratas', y el revuelo que se organizó entre los internautas fue tal, que el presidente tu vo que desautorizar a la ministra de Cultura. Ángeles González-Sinde aseguró que se podría cerrar las páginas sin la intervención de un juez, a través de una especie de 'comisaría' creada al efecto. El titular de Justicia, Francisco Caamaño, sostuvo en el Congreso de los Diputados que era necesario "el control judicial" y el presidente del Gobierno afirmó, finalmente, que no se iba a cerrar "ninguna web" y que incluso estaba dispuesto a modificar el anteproyecto de ley.

Un mes más tarde, parece que lo ha hecho, pero no como dijo. Lo que se baraja es que ahora un juez deberá decidir si el organismo solicitante es pertinente para pedir la suspensión. La reacción ante la noticia no se ha hecho esperar. El portavoz de Cultura del PP en el Congreso, José María Lassalle, calificó de "razonable" que el Gobierno rectifique y apueste ahora por exigir autorización judicial previa antes de bloquear páginas web. Aunque el responsable de Comunicación de ese partido, Esteban González Pons, puso en duda que esa intención sea cierta, los dos políticos coincidieron en que sería un logro para la oposición, que siempre ha defendido ese cambio.

Pons añadió que la rectificación del Ejecutivo hay que recibirla "con inquietud" porque se trata de "una filtración" y no de un "comunicado oficial". No obstante, matizó que, si se confirma, será "una victoria de la libertad".