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CASO ODYSSEY

EE. UU. apoya a España en el caso Odyssey

El Gobierno estadounidense ha presentado en el tribunal de Tampa (Florida) que se ocupa del caso Odyssey "la posición oficial de los Estados Unidos en apoyo de los intereses de España", según ha destacado el Ministerio de Cultura en un comunicado.

"El Ministerio de Cultura agradece el apoyo del Gobierno estadounidense ya que éste representa el interés común de los gobiernos español y estadounidense por proteger la inmunidad soberana del pecio Nuestra Señora de las Mercedes", destaca el comunicado.

Cultura agradece también la posición norteamericana por evitar "la perturbación ilícita de navíos", por defender el patrimonio de España y respetar el lugar donde descansan los restos de los aquellos que murieron "mientras prestaban servicios a su país".

El abogado que representa al Gobierno español en el caso Odyssey presentó ayer al tribunal la respuesta de España a las alegaciones presentadas por la empresa Odyssey Marine Corporation, Perú y otras partes.

Asimismo, Estados Unidos ha presentado al tribunal estadounidense la posición oficial en apoyo a los intereses de España con documentación jurídica preparada por el Departamento de Justicia del Gobierno norteamericano que incluye las posiciones del Departamento de Estado y de la Armada estadounidenses.

El proceso legal en Estados Unidos requiere que todas las partes que se presentaron en el proceso judicial argumenten ante el juez Steven Merryday la legitimidad de la decisión adoptada el pasado mes de junio por el magistrado Pizzo que dictaminaba que el tesoro rescatado por la empresa Odyssey del fondo del Atlántico debía ser devuelto a España.

Ante el informe y recomendación emitido por el magistrado Pizzo, el abogado del Gobierno español demuestra y argumenta que dicha decisión refleja "un correcto y cuidadoso análisis de la evidencia y de los principios legales que establecen que el pecio, los marineros, las monedas y demás objetos están protegidos de perturbaciones ilícitas y explotación comercial".

Igualmente reconoce que los tribunales de otros países deberían unirse al Estado español en la protección del patrimonio histórico subacuático para el beneficio público.

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