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Nacional

MEMORIA HISTÓRICA

Zapatero subraya que los residuos franquistas desaparecerán y aboga por olvidar la dictadura

El presidente se compromete a cumplir la Ley de la Memoria Histórica, pero IU y ERC exigen más reparaciones.

José Luis Rodríguez Zapatero, quien en su primera legislatura puso todo su empeño en sacar adelante la Ley de la Memoria Histórica, defendió ayer que es preferible no hacer causa de asuntos como las calles dedicadas a protagonistas del alzamiento militar. "Los residuos que quedan (del franquismo) irán desapareciendo poco a poco; como es lógico habrá gente con más disponibilidad a que eso suceda y otras con menos", alegó. Mientras el jefe del Ejecutivo defendía el olvido, los portavoces de ERC e IU clamaban en el Congreso por todo lo contrario, por una profundización de la aplicación de la norma.

El comentario de Zapatero venía a cuento no solo por el debate generado en torno a la decisión del juez Baltasar Garzón de abrir y después inhibirse de una causa general contra la dictadura, sino porque ayer se cumplieron 33 años de la muerte del general Francisco Franco. El presidente, a quien se preguntó sobre el asunto en una rueda de prensa con el primer ministro de Túnez, Mohamed Ghannuchi, defendió que lo importante es que "la mayoría de los españoles ya ni nos acordamos de lo que era el 20-N". Y añadió: "Todo lo que sea que eso esté en el olvido más profundo de nuestra memoria colectiva es un dato positivo".

La firmeza de sus palabras supuso un jarro de agua fría para las mismas fuerzas de izquierdas que en su primer mandato le incitaron a poner en marcha una ley de reparación a las víctimas, y que después la criticaron por descafeinada. La Ley de la Memoria Histórica no solo echó tierra sobre la posibilidad de exigir reparaciones jurídicas a los represaliados, sino que limita el papel de las Administración en la recuperación de familiares enterrados en fosas comunes al de mero facilitador.

Zapatero aseguró, aún así, que el Gobierno va a cumplir con la ley, que establece que los poderes públicos deben "colaborar" en esta tarea. "Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación", subrayó. Cosa distinta es la desaparición de placas o simbología dedicadas a generales golpistas, tarea en la que dejó claro que no se implicará porque lo importante es que queda "poca, por no decir ninguna", añoranza del régimen "después de comprobar lo bien que se vive en democracia".

Reformas en la norma

Los portavoces de ERC e IU, Joan Tardá y Gaspar Llamazares, exigieron al Gobierno una profundización de la Ley de la Memoria Histórica. El ex coordinador de IU presentó una proposición no de ley que insta al Gobierno a "crear una fiscalía especializada en la atención a las víctimas del franquismo" ya que si el ministerio público juega en los tribunales de las comunidades el mismo papel que en la Audiencia Nacional, la localización y exhumación de fosas se convertirá "en una carrera de obstáculos". Este organismo, además de impulsar esta labor, debería, según Llamazares, exigir "la anulación" de los juicios del franquismo.

También abogó por la creación de un organismo no judicial independiente del Gobierno que tendría como misión redactar un "libro blanco" en el que se pondría "negro sobre blanco todos los abusos" del franquismo para que "impere le verdad". Llamazares explicó que formula estas propuestas, pese a que sus posibilidades de fructificar son casi nulas, porque el Gobierno se ha mostrado "pasivo para desarrollar la ley, pero activo para obstaculizar la investigación" de los crímenes.

El republicano Tardá, a su vez, defendió una proposición de ley que se debatirá el próximo martes en el Congreso, también con muy escasos visos de fructificar, para modificar "la vergonzante, vergonzosa e ignominiosa" ley. Esquerra aboga por declarar nulas todas las sentencias de los consejos de guerra de 1936 a 1939, las de los tribunales de orden público y demás instancias judiciales del franquismo. También exige el reconocimiento de las organizaciones armadas antifranquistas, entre ellas el maquis, para que se conceda a sus miembros o descendientes una indemnización económica y una reparación social; y el pago de 135.000 euros a los familiares de todos los muertos por la represión, porque en la actualidad este resarcimiento se abona solo a los herederos de los fallecidos entre 1968 y 1977.

Tardá y Llamazares vaticinaron que si el Gobierno no atiende estos requerimientos la batalla judicial se extenderá. El primero señaló que "tarde o temprano" la revisión del franquismo llegará a "los tribunales internacionales" porque es la única dictadura en Europa que ha escapado a su veredicto. Llamazares apuntó que sería "una vergüenza para la democracia española que quienes investiguen los crímenes del franquismo sean los tribunales internacionales".

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