La crisis económica y la presión de los mercados han obligado a José Luis Rodríguez Zapatero a modular su discurso autonómico. El presidente del Gobierno no solo prepara una propuesta para homogeneizar regulaciones y eliminar barreras al mercado interior, sino que, por primera vez, se ha mostrado dispuesto a echar un pulso vencedor a las comunidades díscolas en materia de reducción de déficit y de deuda pública. Ayer amenazó con emplear los "instrumentos potentes" de que dispone el Ejecutivo central para obligar a todas las administraciones territoriales a cumplir sus compromisos.

La insistencia tanto externa como interna ha hecho mella en los planteamientos del líder socialista. Los mercados internacionales nunca han terminado de entender el reparto de poderes español, y en España han sido varios los organismos que han advertido del riesgo que representa el comportamiento de las autonomías, la existencia de duplicidades y la disparidad de normativas para la economía. Lo avisó el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el pasado octubre, pero también las organizaciones empresariales, desde la propia CEOE hasta el Instituto de Empresa Familiar.

Zapatero aseguró en una entrevista con 'Financial Times' que el Gobierno "actuará" si es preciso para hacer mantener a raya a las comunidades que no se atengan a sus compromisos de austeridad. De momento, hay varias que pueden presentar problemas: Murcia, Castilla- La Mancha y, quizá, Cataluña.

El margen de actuación está muy acotado. Pero el jefe del Ejecutivo confía en su eficacia. "Tenemos la llave", dijo, porque "ningún gobierno regional puede emitir deuda pública sin el respaldo y la autorización del Gobierno central".

El presidente también comentó con el rotativo económico su intención de "armonizar" la legislación comercial para hacer frente, según la interpretación del diario, a las quejas planteadas por los empresarios ante la dificultad de adaptarse a normativas dispares que afectan, por ejemplo, al sector de la construcción o a los comercios, obligados a rotular en lenguas cooficiales.

Proyecto en el aire

Que el PSOE prepara una propuesta para reordenar el Estado autonómico y eliminar duplicidades es un hecho. Pero tan cierto como esto es que aún no ha habido ninguna discusión a fondo sobre este asunto en el seno de la dirección socialista y, por lo tanto, muy pocos saben hasta dónde estaría dispuesto a llegar Zapatero. En la reunión de la comisión permanente de ayer se dedicó más tiempo -según fuentes socialistas- a responder a las palabras de José María Aznar sobre la inviabilidad financiera y política del modelo actual que a debatir sobre los propios planes.

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, reclamó a Mariano Rajoy que "vaya aclarando" qué es lo que pretende cuando propone revisar el sistema. Y, sin embargo, tampoco los socialistas han sido nada precisos. Lo único que aseguraron ayer tanto el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, como el propio Blanco es que su intención de hacer frente a las "distorsiones" del Estado autonómico no conllevará, en ningún caso, un planteamiento "recentralizador o renacionalizador".

El Ministerio de Política Territorial encargó hace ya unas semanas un informe a la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas para detectar cómo se reparte la 'grasa' del modelo y poder dar pasos a la luz de los datos, pero aún no hay un veredicto definitivo.

Si Zapatero optara por hacer caso a la CEOE, metería mano a las televisiones y las oficinas de promoción comercial o de turismo. Pero esto último parece poco probable.