Zapatero pide a la Iglesia Católica que respete a las familias de las víctimas del franquismo

José Luis Rodríguez Zapatero reclamó a los obispos respeto hacia quienes quieren recuperar a familiares víctimas del franquismo o la Guerra Civil. El presidente del Gobierno trató de buscar un equilibrio entre la defensa del olvido, en la que él mismo se embarcó la semana pasada, y el deseo de muchos españoles de conocer dónde está enterrada su familia y darle sepultura donde consideren conveniente. Y comparó este deseo con el reconocimiento dado por la Iglesia a aquellos que, según su interpretación, murieron en aquellos años por defender su fe.

«Estoy de acuerdo con el cardenal (Antonio María) Rouco en que la reconciliación de la Transición es un gran valor a preservar -convino- pero le pediría una reflexión: si todos los ciudadanos de todos los colores han respetado que la Iglesia católica haya hecho canonizaciones de mártires, todos nosotros debemos respetar que familiares de víctimas puedan satisfacer su voluntad de saber dónde están sus seres queridos».

El jefe del Ejecutivo evocó así, en realidad no la canonización, sino la beatificación hace apenas un año de casi 500 religiosos asesinados en los prolegómenos de la Guerra Civil y durante su transcurso. A la ceremonia, celebrada en la plaza de San Pedro, en Roma, acudió como representante del Gobierno el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, católico practicante. «Parece lógico por un principio equitativo, de sentido común y sentimiento hacia nuestros compatriotas que respetemos, comprendamos y apoyemos ahora -reiteró- a quienes quieren recuperar a sus familiares".

Hace apenas una semana, Zapatero se declaró partidario de que el olvido de Franco y su dictadura vaya ganando terreno en la sociedad sin necesidad de más impulso administrativo. Pero entonces, el presidente del Gobierno -que en la pasada legislatura puso todo su empeño personal en la aprobación de la ley de Memoria Histórica- se refería a una cuestión de símbolos: la retirada de nombres de calles dedicados a protagonistas del alzamiento contra la República. Esto, a su entender, es otra cosa. «El espíritu profundo de la reconciliación -defendió- es respetar que aquel drama sea asumido por cada uno con derecho a restituir su sufrimiento».

También el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, quiso responder al cardenal Rouco, y recordó que el PSOE es asimismo partidario de cerrar esta etapa histórica porque todavía es una «herida abierta», pero pidió que se haga no sólo desde el olvido, como reclamó el prelado, sino «desde el recuerdo y la dignidad» hacia los familiares de las víctimas.

Carpetazo

Los socialistas, además, volvieron a dar otra muestra de no tener la menor intención de colocar el franquismo y la dictadura en el primer plano del debate, y este martes unieron sus votos a los del PP para que el Congreso rechazase tomar en consideración una proposición de Esquerra Republicana que pretendía reformar la ley de Memoria Histórica que la cámara aprobó hace un año. ERC aspiraba a derogar la ley de amnistía de 1977, anular las sentencias de los consejos de guerra y tribunales de excepción, la concesión de indemnizaciones a miembros de organizaciones armadas antifranquistas, o la declaración de legitimidad constitucional de los gobiernos de la Segunda República, entre otros añadidos.

La iniciativa, pese a estar derrotada de antemano, reeditó un acalorado debate en el Congreso con duros intercambios entre los portavoces Esquerra y el PP, y con la crítica general de todos los grupos, excepto el PSOE, al Gobierno por la tardanza y desgana a la hora de desarrollar la aplicación de la norma. El PSOE dejó claro que no está dispuesto a modificar la actual ley y su portavoz en el Congreso indicó que el compromiso del Gobierno es realizar lo antes posible «un desarrollo integral» de la norma para conseguir que se dé «sepultura digna» a todos los asesinados durante la guerra civil y el franquismo enterrados en fosas anónimas o cunetas y para «completar» la retirada de todos los símbolos franquistas de los inmuebles o lugares públicos.

Los populares, que ya se opusieron a la ley aprobada hace un año, indicaron que se niegan a aceptar nuevas iniciativas que «sólo ahondan en la discordia entre españoles y los dividen entre buenos y malos». Su portavoz, Jorge Fernández, aprovechó, no obstante, para reprochar al resto de los grupos que pretendieran colocar a la Segunda República como modelo de libertades si «quemaba conventos» y los guardaespaldas de los ministros socialistas asesinaban al conservador José Calvo Sotelo.